El Centro de Periodismo Investigativo demandó a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega, para que cumpla con su deber de entregar información pública sobre expedientes en su poder relacionados a tres querellas ambientales.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos se aferra a la canalización por ser la vía menos costosa para atender el problema.
El recorrido por las montañas ofrece las vistas naturales más emblemáticas de Puerto Rico, mientras refleja el abandono gubernamental, la lentitud de la reconstrucción poshuracán María y la urgencia de fondos para un nuevo plan de manejo.
En la Pescadería Vellón del barrio Buena Vista en Humacao, su propietario, Wilson Vellón, recibe una llamada telefónica de un cliente que le pregunta por el pescao disponible. El pescador responde que el inventario está limitado y que en cualquier momento del día siguiente la pesca podría acabarse sin la garantía de que traigan más.
Son cerca de las 10:00 de la mañana del martes de Semana Santa y en los congeladores de la Pescadería Vellón solo quedan algunas libras de colirubias, pargos, cotorros y boquicolorás. Como parte de la cultura religiosa y popular, esta es la semana de mayor demanda de pescado y marisco en Puerto Rico. Sin embargo, Vellón teme no cumplir este año con la gran demanda de los frutos del mar. El sargazo es la razón.
“El problema es que el sargazo se va al fondo del mar.
Una ley que entró en vigor a principios de 2023 obliga al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a preparar un plan de mitigación para manejar las acumulaciones extremas de sargazo. La agencia dice que el poco tiempo para cumplir con lo ordenado, así como algunas lagunas legales en el ámbito federal, representan un reto para hacer el plan.
El proceso para que los acueductos comunitarios legalicen sus franquicias y mantengan su operación es tan enredado, burocrático y privado de apoyo técnico que desalienta a las comunidades a formalizar el sistema que les lleva agua a sus hogares ante la incapacidad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de proveerles el servicio.
Catorce de los 42 monitores del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que miden contaminantes de aire nocivos a la salud alrededor de Puerto Rico están fuera de servicio, algunos incluso desde hace cinco años.
Este viernes entra en vigor una penalidad que impone controles federales a toda actividad industrial que emita dióxido de azufre en siete municipios de la Isla, según adelantó el Centro de Periodismo Investigativo.
