Los chavos de María

Pequeños agricultores enfrentan escollos para acceder a fondos de recuperación

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Para acceder a fondos de recuperación, se espera que los pequeños agricultores dejen el pico y la azada para hacer planes de negocio y someter documentos como planillas, declaraciones juradas y hasta diplomas universitarios. Una coalición de organizaciones dedicadas a la agricultura solicitó al Departamento de la Vivienda (DV) que atienda sus reclamos para garantizar el acceso equitativo a los fondos de recuperación del Programa de Renacer Agrícola de Puerto Rico (Re-Grow), ya que las guías para solicitar los fondos no responden a las necesidades y realidades del pequeño agricultor puertorriqueño. El programa Re-Grow cuenta con $92.5 millones en fondos del programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para Recuperación ante Desastres (CDBG-DR). De esa cifra, $30 millones fueron separados para el trabajo administrativo que realizará el Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, entidad contratada por el DV para implementar el programa. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tuvo acceso a mensajes en los cuales desde septiembre del 2020 la coalición le solicitó al Fideicomiso que enmendara las guías del programa Re-Grow.

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Patrón de hostigamiento laboral campea en la oficina de Asuntos Externos de FEMA en Puerto Rico

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Un ambiente de hostilidad, acoso, hostigamiento laboral, persecución, intimidación y discrimen por edad y género parece reinar en la oficina de Asuntos Externos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) en Puerto Rico, según hechos documentados desde 2019 por al menos diez empleados, en su mayoría, mujeres. La denuncia llegó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a través de dos fuentes por separado, que señalan a los directivos de esta oficina, Juan Andrés Muñoz Torres y Ricardo Agosto Castro, director y subdirector de Asuntos Externos, respectivamente, como presuntos responsables de estas situaciones de acoso que han conllevado la renuncia de empleados, relevo de funciones, asignación de tareas no relacionadas y la obstaculización en el progreso laboral dentro de FEMA. El CPI supo que al menos cuatro de estos empleados se querellaron formalmente ante la Oficina de Igualdad de Derechos Civiles (OER, en inglés) de FEMA, guiados por la Ley sobre Notificaciones y contra la Discriminación y Represalias para Empleados Federales (No FEAR, en inglés), las protecciones de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEO, en inglés), y la declaración de política contra el discrimen de la Oficina para Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), al que está adscrito FEMA. “Tengo la obligación de denunciar que mis compañeras de trabajo y yo hemos sido perseguidas, presionadas, acosadas, degradadas como profesionales por estar aisladas y sin acceso a la información y por estar totalmente asignadas a tareas irrelevantes y tratadas de manera insultante”, informó una de las querellantes de esa oficina a un superior en FEMA en un documento al que el CPI tuvo acceso. 

No obstante, a casi dos años de haber sido sometidas algunas de estas denuncias, la agencia federal mantiene a ambos funcionarios en sus puestos sin ninguna penalización y no ha ofrecido remedio o protección a las personas que han denunciado estas conductas, confirmaron las dos fuentes del CPI, quienes prefirieron hablar en condición de anonimato por temor a represalias. El CPI buscó conocer el estatus de esas querellas, si fueron desestimadas o hubo sanciones, pero ni Muñoz Torres ni Agosto Castro respondieron a una solicitud de entrevista o reacción.

Los chavos de María

El dinero disponible para la recuperación en noviembre de 2020

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Los fondos de recuperación y las elecciones

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Nuevo director de COR3 acepta responsabilidad en atraso de los fondos de recuperación a municipios

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El atraso en el desembolso de los fondos de recuperación asignados a los municipios por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la falta de adelanto de dinero para comenzar proyectos en los pueblos se debió en gran medida a la burocracia de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), aseguró Manuel Laboy, que desde enero pasó a dirigir esta oficina. Laboy dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que durante el proceso de Transición encontró que COR3 había fallado en tramitar de manera más ágil las solicitudes de adelanto y las de reembolso de fondos ya obligados a algunos pueblos. COR3 es la agencia local encargada de desembolsar los fondos que obliga FEMA luego de inspeccionar los proyectos reclamados por las agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro por medio del programa de Asistencia Pública. Hasta diciembre del año pasado, era dirigida por Ottmar Chávez. Las expresiones de Laboy fueron en respuesta a una investigación del CPI en la que alcaldes derrotados en los comicios de noviembre de 2020 denunciaron que la lentitud de los fondos de recuperación les costó sus puestos.

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La respuesta municipal a los desastres costó elecciones

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Diez de los 20 municipios de Puerto Rico que han recibido un porcentaje menor del dinero de recuperación que le había aprobado la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) tuvieron cambios de alcaldía en enero. El caso más notorio es el de Vieques, que solo había recibido el 4.9% de los $51.3 millones que FEMA obligó antes de los comicios de noviembre del 2020, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) al comparar los fondos obligados con las cifras de dinero desembolsado a esa fecha. Además de la isla municipio, el resto de los pueblos que cambiaron sus alcaldías y que tenían bajos porcentajes de dinero de FEMA en sus arcas fueron Culebra (7.3%), Adjuntas (9.6%), Patillas (14.8%), Arecibo (16.1%), Santa Isabel (18.3%), Lares (22.6%), Corozal (23.5%), San Lorenzo (24.1%) y Ponce (24.5%). Existe la percepción de que luego de una emergencia la figura más cercana a los ciudadanos son los alcaldes y alcaldesas. Sin embargo, la investigación demuestra que no en todos los casos es así, especialmente luego del huracán María de 2017 y los terremotos de 2020.

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Cuerpo de Ingenieros y Departamento de la Vivienda impiden que los residentes del Caño Martín Peña logren su justicia ambiental

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Cuando sus hijos estudiaban en la Escuela Elemental Santiago Iglesias Pantín de Barrio Obrero, Aileen Morales tenía que cargarlos a sus espaldas cada vez que se inundaban las calles contiguas al Caño Martín Peña. No quería que llegaran al salón de clase con sus piernas mojadas ni con el hedor causado por las aguas sucias que por décadas han afectado la paz de comunidades, cada vez que experimentan un evento de lluvia fuerte. Morales, quien es residente y líder comunitaria en el sector Parada 27, lleva más de una década viendo las noticias que reseñan los sucesos de inundación relacionados al Caño. También ha participado de reuniones anuales con integrantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, en inglés). El problema de inundaciones y la necesidad de dragar este cuerpo de agua urbano son asuntos ampliamente conocidos tanto en Puerto Rico, como en algunos círculos políticos de Estados Unidos, como un asunto de justicia ambiental y de salud.

Los chavos de María

Agencias miran para el lado ante la población de jóvenes sin techo seguro en Puerto Rico

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Nahir cursaba el décimo grado cuando los vientos del huracán María arrancaron las puertas de su casa. Un deslizamiento de terreno provocó, además, que la terraza de la parte de atrás de su hogar cayera risco abajo y debilitara la estructura a la que, tres años más tarde, no ha podido regresar. 

“Todas las cosas que teníamos se nos mojaron y estuvimos viviendo hasta diciembre de 2017 en casa de mi mamá” explicó Inés López Serrano, madre de Nahir y de otros dos niños de 12 y 14 años. Aunque hay diferencia en las cifras de menores sin hogar en los últimos tres años académicos que se informan por el DE y por la agencia homóloga federal, en lo que sí coinciden las cifras en general es en que hay más de 4,000. En el año 2019-2020, para el que no hay datos federales disponibles, el Programa Educativo para Niños y Jóvenes Sin Hogar Fijo del Departamento de Educación que dirige Norma Rivera, informó 4,333 menores sin hogar fijo. “Sin hogar”, según la definición del Departamento de Educación federal, incluye a los estudiantes cuyas familias se quedan en casas de parientes o amigos, en moteles, en refugios o residen en viviendas consideradas “vivienda deficiente” al carecer de algún servicio básico.