Declaraciones del Centro de Periodismo Investigativo sobre la propuesta del ejecutivo para una ley de acceso a la información

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reconoce que la Administración Rosselló incluyó a nuestra organización en la discusión y elaboración del proyecto de ley para facilitar el acceso a la información, un asunto que constituye uno de los pilares de nuestra misión. En el proceso, planteamos e insistimos en una serie de 10 principios internacionales de transparencia que debían estar contenidos en la medida. De esos principios, reconocemos que algunos fueron acogidos por el Ejecutivo, al igual que adoptaron otras sugerencias para mejorar el lenguaje y alcance de la medida. El CPI se reitera en la necesidad de que el derecho de acceso a la información sea legislado para darle eficiencia y certeza, sin embargo, el proyecto presentado por el Ejecutivo contiene dos omisiones que no nos permiten endosarlo. No es claro en cuanto a la información que el gobierno viene obligado a publicar de manera proactiva y continua y no precisa las excepciones bajo las cuales las entidades públicas podrán negarse a divulgar información pública, lo que abre la puerta a la interpretación caprichosa y conveniente de funcionarios.

La vida tiene precio, #TheBigPharmaProject

La publicación Ojo-publico.com lanzó en estos días una serie investigativa trasnacional que pone en evidencia los métodos de la industria farmacéutica para prolongar sus privilegios monopólicos sobre los medicamentos que más ingresos les reportan en América Latina. Es una serie en alianza con periodistas de seis países y para la que se construyó un comparador de precios de doce medicamentos costosos en la región y el historial de malas prácticas acumuladas por trece de las más importantes farmacéuticas en el mundo. Este esfuerzo tiene como medios aliados a la Unidad de Datos de El Tiempo (Colombia), Plaza Pública GT (Guatemala), El Universal Online (México), y Diario Tiempo Argentino (Argentina) y Armando.Info (Venezuela). Para leer la serie, presione: The Big Pharma Project.

Seminario “PROMESA” para periodistas: el Título III

El gobierno de Puerto Rico entra en una nueva etapa del proceso que inició el 30 de junio de 2016 cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la “Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico” o “PROMESA” (por sus siglas en inglés). El Título III de esta ley plantea que el gobierno, representado por la Junta de Control Fiscal para manejar las finanzas del país, vaya al tribunal a renegociar la deuda con los acreedores desde el 17 de mayo. ¿Cómo se interpreta el estatuto? ¿Quiénes protagonizarán este proceso? ¿Qué esperar del mismo?

Wal-Mart se prepara para pagar $300 millones en caso de soborno

La multinacional Wal-Mart Stores Inc. se prepara para pagar cerca de $300 millones como parte de un acuerdo confidencial por una pesquisa judicial en su contra tras acusaciones de soborno a empleados de la empresa, según información publicada por Bloomberg. El caso empezó a investigarse por la autoridades estadounidenses en el 2011 y cautivó la mirada internacional luego de varios reportajes de The New York Times galardonados con un premio Pulitzer en el 2013. Las acusaciones son a tiendas ubicadas en México, China e India. Como parte del acuerdo, Wal-Mart tendrá que nombrar un monitor independiente que asegure que la empresa cumpla con la orden judicial y no sufrirá acusación alguna por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Solo sus subsidiarias en México, China o India tendrían que aceptar culpabilidad.

Discuten sobre la transparencia de Fortaleza

Un grupo de ocho periodistas de distintos medios de comunicación acudieron hoy a La Fortaleza, a invitación del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, para conversar sobre la iniciativa del Ejecutivo de presentar legislación sobre la transparencia en el gobierno y el acceso ciudadano a la información pública. Las y los comunicadores aclararon que respondieron a la invitación al diálogo “como periodistas que hemos favorecido que se apruebe legislación que, partiendo de la jurisprudencia reconocida (Soto v. Romero), que establece que todo documento o gestión de un funcionario se presume pública, garantice y promueva la transparencia gubernamental y agilice el acceso a la información pública”. “Participamos de este encuentro para insertarnos en el proceso deliberativo, reservándonos el derecho a objetar el proyecto que se presente si no cumple con nuestras expectativas”, puntualizó Rafael Lenin López, portavoz del grupo. El grupo se comprometió a estudiar la propuesta del Ejecutivo y transmitir sus opiniones sobre el proyecto. Los comunicadores aclararon que su participación en esta reunión no cuestiona ni subestima la representatividad de la Asociación de Periodistas o el Overseas Press Club como organizaciones de periodistas.