El cinturón de seguridad de la Junta de Control Fiscal

En total la Junta ha gastado $75,454 en seguridad privada o federal para sus encuentros públicos desde que comenzó funciones, aunque la Policía de Puerto Rico no ha ofrecido la información sobre los costos del operativo policial local para cada reunión de la entidad. Entre julio de 2017 y abril de 2018, los agentes de la Policía de Puerto Rico asignados a la protección personal de Carrión reclamaron 4,540 horas, por las que se desembolsaron $125,397.

Emails Expose Federal Gov’t Influence Over Puerto Rico’s Fiscal Board

“Started engaging with the creditors yet?,” asked Ted McCann, then adviser to House Speaker Paul Ryan (R-Wisconsin), in a March 21, 2017, email sent to Carlos García, a member of Puerto Rico’s federally appointed Fiscal Control Board. Shortly after, García, a former president of the commonwealth’s Government Development Bank (GDB) and whose appointment to the board was pushed through Ryan’s office, replied:

“Yes, a lot of focus on GO/Cofina controversy. Each group stepping up their rhetoric. Board pressing on for meaningful progress. Challenge is the limited projected Primary surplus available in the first 10 years for debt service.

Retratada la influencia del Gobierno federal sobre la Junta de Control Fiscal

“¿Ya comenzaron a involucrarse con los acreedores?”, preguntó Ted McCann entonces asesor del presidente de la Cámara, Paul Ryan (R-Wisconsin), a Carlos García, miembro de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico, en un correo electrónico con fecha del martes, 21 de marzo de 2017. Al cabo de unas horas, el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), cuyo nombramiento a la Junta fue impulsado por la oficina de Ryan, contestó:

“Sí, hay mucha atención sobre la controversia GO/Cofina. Cada grupo [de acreedores] está escalando su retórica. La Junta está presionando para que se dé un progreso significativo. El reto es el sobrante limitado [primary surplus] proyectado como disponible para el servicio de la deuda en los primeros 10 años.

CoreCivic: la empresa que falla pero consigue más contratos

Los acuerdos de los traslados, así como tres contratos que recibió CoreCivic para administrar cárceles en Puerto Rico durante la administración de Pedro Rosselló en 1994, fueron un fiasco. Pero aún así la administración de Ricardo Rosselló decidió dar otra oportunidad a CoreCivic. Hace cuatro meses el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) le adjudicó un contrato que podría costar $125 millones en cinco años para trasladar de forma escalonada al 30 por ciento de la población penal de la isla a cárceles de esa empresa en Estados Unidos.

La Junta hace movida estratégica para retener control de la investigación sobre la deuda

El investigador de la Junta tampoco emite juicio sobre cuestionamientos tales como si el Gobierno violó el límite constitucional de deuda o si transacciones específicas relacionadas a la deuda fueron fraudulentas o ilegales. Solo presenta un marco legal que pudiera aplicarse si alguna parte — incluyendo el Gobierno o la Junta — decide tomar acción por fraude o ilegalidades relacionadas a la deuda de Puerto Rico.

Gobierno promete mejor vida a confinados en cárcel privada de Mississippi

Luego de más de cuatro meses de cambios en la información sobre el rumbo final, el DCR decidió que esa cárcel de Mississippi administrada por la empresa CoreCivic, será donde se reubicarán por lo menos 1,200 confinados que participen de la primera fase del programa de traslados que propuso la administración del gobernador Ricardo Rosselló como presunta medida de ahorro. La meta es que en cinco años se trasladen a cárceles privadas de Estados Unidos 3,200 de los 9,600 confinados que componen la población penal de Puerto Rico; poco más del 30% de los reclusos que se encuentran en la isla actualmente.

Department of Corrections awards contract to CoreCivic to transfer inmates to the U.S.

A plane chartered by CoreCivic, the main prisons operator in the United States mainland, will arrive in Puerto Rico in the coming weeks to transport a group of inmates who will be taken to the airport escorted by the Department of Corrections and Rehabilitation (DCR) staff, after the agency awarded the company a $10 million-plus contract on July 31. Before boarding, the inmates will go through a “process of security and medical check-up.” Then they will travel to their new destination: La Palma Correctional Center in Arizona. CoreCivic will make several trips through its own airline, TransCor, until the DCR has achieved its goal of moving the first 1,200 inmates from Puerto Rico prisons to relocate them to that private jail in Arizona. The details of the transportation are included in CoreCivic’s proposal to the DCR. Although the prisoners in Puerto Rico have not received an orientation yet about the Arizona prison, “by August 15 we could already be talking about the first inmates who will be getting on an airplane,” Erik Rolón, secretary of the DCR told the Center for Investigative Journalism (CPI for its initials in Spanish.)

The Corrections Secretary told the CPI that the process of informing inmates about the services they will have in the Arizona jail will begin this Monday, August 6.

Departamento de Corrección adjudica contrato a CoreCivic para traslado de confinados a Estados Unidos

La Palma Correctional Center en Arizona es la cárcel que propuso CoreCivic para trasladar a confinados de la isla que participen en la primera fase del programa Out State que impulsa la administración del gobernador Ricardo Rosselló como presunta medida de ahorro. El objetivo es reubicar en cárceles privadas de Estados Unidos durante los próximos cinco años a un total de 3,200 confinados de forma escalonada, que son el 30 por ciento del total de los reclusos de Corrección.