CoreCivic: la empresa que falla pero consigue más contratos

Los acuerdos de los traslados, así como tres contratos que recibió CoreCivic para administrar cárceles en Puerto Rico durante la administración de Pedro Rosselló en 1994, fueron un fiasco. Pero aún así la administración de Ricardo Rosselló decidió dar otra oportunidad a CoreCivic. Hace cuatro meses el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) le adjudicó un contrato que podría costar $125 millones en cinco años para trasladar de forma escalonada al 30 por ciento de la población penal de la isla a cárceles de esa empresa en Estados Unidos.

La Junta hace movida estratégica para retener control de la investigación sobre la deuda

El investigador de la Junta tampoco emite juicio sobre cuestionamientos tales como si el Gobierno violó el límite constitucional de deuda o si transacciones específicas relacionadas a la deuda fueron fraudulentas o ilegales. Solo presenta un marco legal que pudiera aplicarse si alguna parte — incluyendo el Gobierno o la Junta — decide tomar acción por fraude o ilegalidades relacionadas a la deuda de Puerto Rico.

Gobierno promete mejor vida a confinados en cárcel privada de Mississippi

Luego de más de cuatro meses de cambios en la información sobre el rumbo final, el DCR decidió que esa cárcel de Mississippi administrada por la empresa CoreCivic, será donde se reubicarán por lo menos 1,200 confinados que participen de la primera fase del programa de traslados que propuso la administración del gobernador Ricardo Rosselló como presunta medida de ahorro. La meta es que en cinco años se trasladen a cárceles privadas de Estados Unidos 3,200 de los 9,600 confinados que componen la población penal de Puerto Rico; poco más del 30% de los reclusos que se encuentran en la isla actualmente.

Department of Corrections awards contract to CoreCivic to transfer inmates to the U.S.

A plane chartered by CoreCivic, the main prisons operator in the United States mainland, will arrive in Puerto Rico in the coming weeks to transport a group of inmates who will be taken to the airport escorted by the Department of Corrections and Rehabilitation (DCR) staff, after the agency awarded the company a $10 million-plus contract on July 31. Before boarding, the inmates will go through a “process of security and medical check-up.” Then they will travel to their new destination: La Palma Correctional Center in Arizona. CoreCivic will make several trips through its own airline, TransCor, until the DCR has achieved its goal of moving the first 1,200 inmates from Puerto Rico prisons to relocate them to that private jail in Arizona. The details of the transportation are included in CoreCivic’s proposal to the DCR. Although the prisoners in Puerto Rico have not received an orientation yet about the Arizona prison, “by August 15 we could already be talking about the first inmates who will be getting on an airplane,” Erik Rolón, secretary of the DCR told the Center for Investigative Journalism (CPI for its initials in Spanish.)

The Corrections Secretary told the CPI that the process of informing inmates about the services they will have in the Arizona jail will begin this Monday, August 6.

Departamento de Corrección adjudica contrato a CoreCivic para traslado de confinados a Estados Unidos

La Palma Correctional Center en Arizona es la cárcel que propuso CoreCivic para trasladar a confinados de la isla que participen en la primera fase del programa Out State que impulsa la administración del gobernador Ricardo Rosselló como presunta medida de ahorro. El objetivo es reubicar en cárceles privadas de Estados Unidos durante los próximos cinco años a un total de 3,200 confinados de forma escalonada, que son el 30 por ciento del total de los reclusos de Corrección.

Salud celebra la cumbre del autobombo

El secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Rafael Rodríguez Mercado, se lavaba las manos en un baño del Centro de Convenciones cuando comentó: “Espero que la prensa diga la verdad, tienen la información para pedirla”. Junto a él estaba el relacionista Peter Quiñones. La única otra persona que estaba a su lado era un periodista, con un carnet que dice la palabra prensa en letras grandes. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) lleva cerca de un mes pidiendo el plan de respuesta a emergencias del Departamento de Salud, las bases de datos de mortalidad de Puerto Rico para antes de la tormenta, y todos los casos positivos de pruebas rápidas de leptospirosis enviadas por los laboratorios de Puerto Rico al Departamento de Salud, entre otra información. Pero no ha sido entregada.

Comienza la orientación a los presos para sacarlos de Puerto Rico

Lo que no dice el documento oficial que el DCR entregó a los confinados en sesiones de orientación que comenzaron esta semana es que Tallahatchie County Correctional Facility en Mississippi y El Valle Detention Facility en Texas están administradas por las dos principales empresas de la industria de las cárceles privadas en Estados Unidos, ambas con historial de mala administración y violación de derechos civiles: CoreCivic y Management and Training Corp.

Andrew Biggs, integrante de la Junta de Control Fiscal niega señalamiento de conflicto ético

Andrew Biggs, integrante de la Junta de Control Fiscal, es académico residente del American Enterprise Institute (AEI), un think tank conservador en el que es miembro de la junta de directores Seth Klarman, director ejecutivo del fondo de cobertura The Baupost Group. Esta firma reclama $933 millones en bonos senior de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) y forma parte de la Coalición de Bonistas Cofina Senior, uno de los principales grupos que buscan cobrar deuda en el caso de quiebra del gobierno bajo el Título III de la ley Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA). En la junta de directores del AEI hay otras dos personas relacionadas con el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico. Uno de ellos es Harvey Golub, presidente de Miller Buckfire, firma que asesora a la Coalición de Bonistas Cofina Senior, y Daniel A. D’Aniello, cofundador y jefe en The Carlyle Group. Hasta el 2016, Carlyle Group fue uno de los accionistas de Claren Road Asset Management, firma de inversión con bonos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).