Primera vista pública sobre auditoría de la deuda: ¿llegará?

Imaginemos que la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público está en funciones y que convoca a vistas públicas. Se llevan a cabo en alguna plaza pública y se transmiten por internet, radio y televisión; la prensa financiera internacional envía a sus corresponsales. El propósito es interrogar a personas que puedan esclarecer los hallazgos sobre las emisiones de bonos que llevaron al gobierno de un país de tres millones de habitantes a tener una deuda de más de $70 mil millones. Las vistas públicas podrían dividirse por emisiones de bonos, y la primera sería sobre la emisión de $3.5 mil millones en Bonos de Obligación General (BOG) de marzo de 2014, sobre la cual la Comisión rindió un informe preliminar en 2016. Podrían prolongarse por varios días o semanas (quién sabe si meses) y convertirse en uno de los programas de mayor audiencia de la televisión puertorriqueña, como sucedió con las vistas sobre los asesinatos del Cerro Maravilla.

Plan fiscal separa dinero para pagar una deuda cuestionada en el tribunal y por la ciudadanía

Los números del plan fiscal, una vez se presenten los estados financieros auditados, pueden variar para bien o para mal, admitió la integrante de la JCF Ana Matosantos en una conferencia el martes junto al director ejecutivo interino de la Junta de Control Fiscal, Ramón Ruiz Comas. Según ella, en esos procesos es normal trabajar “a base de estimados” y se trabaja “con la mejor información disponible”, porque si esperan a tener los números “cuadra’os al chavo, se acabó lo que se daba”.

Casas acreditadoras se cuelgan año tras año en evaluación federal

Los hallazgos del informe publicado la semana pasada, y que cubre el período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, son muy similares a los del año anterior, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). En el nuevo informe se destacan la falta de controles y supervisión, el desapego a las normas internas, la violación de reglamentos de la SEC y los conflictos de interés entre las divisiones de las casas acreditadoras, y entre estas empresas y sus clientes.

Bajo la lupa dos integrantes de la Junta de Control Fiscal por su pasado en Banco Santander

Como miembros de la Junta de Control Fiscal, entidad creada por el Congreso de Estados Unidos con pleno control sobre las finanzas de Puerto Rico, Carlos García y José Ramón González tendrán que tomar decisiones relacionadas al pago de los bonos que ellos ayudaron a tramitar, tanto desde el BGF como desde Santander, banco que al 31 de marzo de 2016 poseía bonos del gobierno de Puerto Rico.

Bonistas y gobierno se enredan en laberinto de demandas

Este jueves, 3 de noviembre habrá una vista ante el juez federal Francisco Besosa donde se verá la demanda consolidada de Peaje Investment, Assured Guaranty y Altair Global que buscan que se levante la suspensión de litigios que impuso PROMESA y que se restituyan fondos que alegadamente el gobierno movió entre agencias para evitar pagos de deuda.

Ligada al PNP la cara pública de la Junta de Control Fiscal

La Junta de Control Fiscal (JCF) nombrada por el gobierno federal firmó un contrato con la empresa de consultoría en comunicaciones Forculus Strategic Communication, pero ni los miembros de la Junta ni el director ejecutivo de la empresa saben dónde se debe registrar el mismo ni lo han querido hacer público. “Precisamente ese es el problema. En estos momentos la Junta está haciendo una evaluación para determinar dónde y cómo se va a llevar a cabo el proceso de registro y divulgación de los contratos. Va a ser cuestión de días”, admitió Francisco Cimadevilla, director ejecutivo de Forculus, al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Cimadevilla trabajó para la administración de Pedro Rosselló de 1993 al 1999, y entre 2011 y 2016 donó $11,153 al Partido Nuevo Progresista (PNP), según la Oficina del Contralor Electoral.