Departamento de Corrección adjudica contrato a CoreCivic para traslado de confinados a Estados Unidos

La Palma Correctional Center en Arizona es la cárcel que propuso CoreCivic para trasladar a confinados de la isla que participen en la primera fase del programa Out State que impulsa la administración del gobernador Ricardo Rosselló como presunta medida de ahorro. El objetivo es reubicar en cárceles privadas de Estados Unidos durante los próximos cinco años a un total de 3,200 confinados de forma escalonada, que son el 30 por ciento del total de los reclusos de Corrección.

Salud celebra la cumbre del autobombo

El secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Rafael Rodríguez Mercado, se lavaba las manos en un baño del Centro de Convenciones cuando comentó: “Espero que la prensa diga la verdad, tienen la información para pedirla”. Junto a él estaba el relacionista Peter Quiñones. La única otra persona que estaba a su lado era un periodista, con un carnet que dice la palabra prensa en letras grandes. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) lleva cerca de un mes pidiendo el plan de respuesta a emergencias del Departamento de Salud, las bases de datos de mortalidad de Puerto Rico para antes de la tormenta, y todos los casos positivos de pruebas rápidas de leptospirosis enviadas por los laboratorios de Puerto Rico al Departamento de Salud, entre otra información. Pero no ha sido entregada.

Comienza la orientación a los presos para sacarlos de Puerto Rico

Lo que no dice el documento oficial que el DCR entregó a los confinados en sesiones de orientación que comenzaron esta semana es que Tallahatchie County Correctional Facility en Mississippi y El Valle Detention Facility en Texas están administradas por las dos principales empresas de la industria de las cárceles privadas en Estados Unidos, ambas con historial de mala administración y violación de derechos civiles: CoreCivic y Management and Training Corp.

Andrew Biggs, integrante de la Junta de Control Fiscal niega señalamiento de conflicto ético

Andrew Biggs, integrante de la Junta de Control Fiscal, es académico residente del American Enterprise Institute (AEI), un think tank conservador en el que es miembro de la junta de directores Seth Klarman, director ejecutivo del fondo de cobertura The Baupost Group. Esta firma reclama $933 millones en bonos senior de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) y forma parte de la Coalición de Bonistas Cofina Senior, uno de los principales grupos que buscan cobrar deuda en el caso de quiebra del gobierno bajo el Título III de la ley Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA). En la junta de directores del AEI hay otras dos personas relacionadas con el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico. Uno de ellos es Harvey Golub, presidente de Miller Buckfire, firma que asesora a la Coalición de Bonistas Cofina Senior, y Daniel A. D’Aniello, cofundador y jefe en The Carlyle Group. Hasta el 2016, Carlyle Group fue uno de los accionistas de Claren Road Asset Management, firma de inversión con bonos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Companies with Shady Background Interested in Contract Bid to Transfer Puerto Rico’s Inmates to the US

Last Tuesday, 13 men and three women met in a room at the Department of Corrections and Rehabilitation (DCR, for its initials in Spanish.)  They were waiting for the Auction Board’s orientation regarding its Request for Proposals for the relocation of 3,200 Puerto Rico prisoners to U.S. private jails. An experiment that was done before and failed. Seated on the first row was Brian Ferrell, VP of Proposals Development for CoreCivic, one of the leading administrators of private prisons in the United States. Next to him was Attorney Lizzie Portela-Fernández, of McConnell Valdés, a legal firm that lobbies in favor of CoreCivic in the Puerto Rico House of Representatives. Also, in the first row, but on the opposite side, were Dan Joslin and Mike Murphy, executives of Management Training Corporation.