Se activa la diáspora ante primera reunión pública de la Junta de Control Fiscal

La reunión pública no duró media hora y tuvo más bien el formato de una conferencia con libreto, en la cual las decisiones tomadas por unanimidad no admitieron ninguna discusión y se aprobó un reglamento poco preciso y genérico, que tiene el resultado de dar amplio margen a la JCF a tomar decisiones sin cortapisas. Un grupo de la diáspora se manifestó afuera y adentro de la sala donde se montó la sesión. Conoce su punto de vista.

Vista federal con bonistas en medio del apagón

Aunque la tensión entre los bandos era obvia y el país recién despertaba con un apagón monumental, la mañana del primer día de vistas comenzó relajada, con el juez federal Besosa enumerando en tono burlón las relaciones potencialmente conflictivas que tiene con algunos de los abogados que representan a la parte demandante; como el bufete Adsuar, Muñiz, Goyco, Seda & Pérez-Ochoa, del que Besosa fue socio fundador y que representan en este caso a la aseguradora de bonos National Public Finance Corporation. En son de broma, desde lo alto del estrado, el juez Besosa preguntó a los abogados de esa firma si en verdad pensaban ganar el caso cuando Pérez-Ochoa le había quitado su puesto en ese bufete.

275 firmas de inversión se lanzaron sobre la deuda chatarra de Puerto Rico

No les importó que las tres principales casas acreditadoras habían calificado los bonos como chatarra o que muchos economistas y analistas financieros predecían, desde años antes, que Puerto Rico iba camino al precipicio económico y fiscal. En conjunto, las empresas ordenaron más de $16 mil millones de la oferta que solo constaba de $3.5 mil millones, y que se vendió a 93 centavos el dólar, con intereses de 8.73%. Unas firmas lograron comprar $120 millones en bonos mientras otras que hicieron sus órdenes se quedaron sin nada.

PROMESA: un experimento que crea más dudas que certezas

Una de las partes centrales de la Ley, el título VI, que establece las reglas para una negociación voluntaria de la deuda, no garantiza que se logrará un acuerdo entre los bonistas y el gobierno. Si no hay acuerdo a través del título VI, entonces el título III de la misma ley estipula que Puerto Rico entraría en un proceso de quiebra en un tribunal del distrito federal. Varios expertos que han estudiado la ley PROMESA anticipan que será el título III y no el VI el que regirá la solución final entre Puerto Rico y sus acreedores.