Periodista investigativo especializado en medioambiente, agricultura y privilegios fiscales. Estudió lenguas extranjeras en la Universidad de Puerto Rico. Cursó el Máster de la Escuela de Periodismo UAM/El País, en Madrid en 2006. Ha participado en talleres de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y de la organización Investigative Reporters and Editors. Comenzó en 2001 su carrera periodística en El Nuevo Herald de Miami, y luego en las revistas dominicales de El Nuevo Día de Puerto Rico. Trabaja con el Centro de Periodismo Investigativo desde 2012. Las series y las crónicas ‘El impuesto secreto del alcalde Santini’, ‘El tesoro de una científica rebelde’, ‘El pueblo que volvió a soñar con la música’, ‘Le cambian el sabor a nuestro café comercial’ y ‘Paraíso transgénico’ le han merecido premios de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y del Overseas Press Club. Ha colaborado con artículos y producciones para medios internacionales como The New York Times y The Miami Herald.
Hiring a law firm that charges up to $1,245 per hour. The outsourcing of foreign companies such as Alumbra, from Colorado, which has billed as much as $1.3 million in a single month for plans to transform the energy system without having gone through a competitive process. This is how the first six invoices that LUMA has already submitted to Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA) look. Luma is the firm that will manage the transmission and distribution network in Puerto Rico starting in June,
The public corporation does not have the opportunity of reviewing the invoices in a transparent way, Robert Poe, a member of PREPA’s Governing Board said at a meeting on December 16, 2020. His criticism came up because so far, the Public-Private Partnership Authority (AAPP, in Spanish), which oversees the contract with LUMA, has not allowed PREPA to conduct a full review of all of the documents to make sure the expenses are justified.
La contratación de una firma de abogados que cobra hasta $1,245 por hora. La subcontratación de compañías foráneas como Alumbra, de Colorado, que ha facturado hasta $1.3 millones en un solo mes por hacer planes de la transformación del sistema energético sin haber pasado por un proceso competitivo. Así se ven las primeras seis facturas que LUMA, la empresa que administrará la red de transmisión y distribución desde junio, ya le ha enviado a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La corporación pública no tiene la capacidad de revisar de una forma transparente las facturas, denunció Robert Poe, miembro de la Junta de Gobierno de la AEE, en una reunión de ese cuerpo el 16 de diciembre de 2020. Su crítica surge porque hasta ahora la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), que supervisa el contrato con LUMA, no le ha permitido analizar la totalidad de los documentos para asegurarse de que los gastos se justifican.
Two of the major projects after Hurricane Maria, carried out by the US Army Corps of Engineers (USACE), would involve periodic renourishment of San Juan’s famous beaches in Condado and Ocean Park with sand, along with a breakwater field. The federal agency also proposes to place stone revetment along a mile of coastline in Rincón. The projects seek to protect, over a period of 50 years, the properties and infrastructure of San Juan, in the North, and Rincón, on the West coast, from the waves, floods and erosion caused by storms and rising sea levels. The period to send public questions and comments about the proposal opened November 20, 2020 and ends January 6, 2021, in the middle of the Christmas season and the pandemic. The Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) interviewed two oceanographers from the University of Puerto Rico’s Mayagüez Campus (RUM, in Spanish) and an oceanographic geologist from the Río Piedras Campus, who predicted that the Rincón project would eliminate the possibility of recovering the municipality’s already eroded beaches and that will have an impact on the future of tourism there.
Dos de los proyectos de envergadura luego del huracán María, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE UU (USACE), conllevarían rellenar con arena periódicamente las famosas playas capitalinas de Condado y Ocean Park, junto con un rompeolas. La entidad federal propone además colocar piedras a lo largo de una milla de costa en Rincón, entre el balneario de Córcega y la desembocadura de la quebrada Los Ramos.
Los proyectos buscan proteger las propiedades y la infraestructura de San Juan y Rincón del oleaje, las inundaciones y la erosión que causan las tormentas y el aumento del nivel del mar en un periodo de 50 años. El periodo para enviar preguntas y comentarios públicos, en medio de la temporada navideña y de la pandemia, abrió apenas el 20 de noviembre de 2020 y vence el 6 de enero de 2021. Dos oceanógrafos del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y una geóloga oceanográfica del Recinto de Río Piedras entrevistados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) anticiparon que el proyecto de Rincón afectaría la posibilidad de recuperar las ya erosionadas playas de ese municipio y que compromete el futuro de su turismo.
El objetivo secundario de esta propuesta es mantener espacios naturales, recreativos y turísticos, según el USACE.
Mínimo el tiempo para comentarios públicos
Miguel Canals Silander, director del Centro de Ciencias Oceánicas Aplicadas e Ingeniería del RUM; Aurelio Mercado, profesor de Oceanografía Física en esa misma institución; y Maritza Barreto, directora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico, advirtieron que siendo este un proyecto crítico para las costas de la capital y de Rincón, debería tener más promoción, análisis y discusión pública. El CPI le preguntó al USACE por qué el periodo de comentarios públicos vence el 6 de enero de 2021, tomando en cuenta los señalamientos de los tres investigadores, la pandemia y la temporada festiva de la Navidad.
Una portavoz del USACE indicó que han llevado a cabo dos webinars públicos, adquirido publicidad en un medio de circulación general, publicado un comunicado de prensa y hecho anuncios en las redes sociales, además de enviar cartas a residentes de las zonas aledañas a los lugares en los que se harán las intervenciones.
El segundo intento para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se encuentra en una especie de limbo. Para sacarlo de allí, la Junta de Control Fiscal (JCF), que manda sobre las finanzas de la Isla, modificará los términos de la negociación que hizo antes de la pandemia con los bonistas de la corporación pública. Estas enmiendas podrían conllevar cambios sustanciales a la luz de los efectos del COVID-19 en la maltrecha economía de la Isla y de los nuevos nombramientos a la JCF. La nueva Legislatura que comenzará en 2021, con una mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), tendrá que evaluar este acuerdo revisado o Restructuring Support Agreement (RSA, por sus siglas en inglés) y dar su aprobación o rechazo. Los líderes de todos los partidos políticos habían expresado durante la pasada campaña electoral desde reservas hasta su repudio al RSA que estaba sobre la mesa.
On the other side of Ponce de León Ave., across from the Puerto Rico Electric Power Authority’s (PREPA) headquarters in San Juan, Canadian executive Wayne Stensby sees the spray-painted messages against the company he runs: “Out with LUMA.” “No to privatization.”
The statements try to cover the posters that LUMA posted on an abandoned building in the Santurce neighborhood to counter its detractors: “Learn the facts.” “Know the truth.”
The company is running an aggressive advertising campaign in the media and on streets and avenues where PREPA employees flow. It won the contract to manage cables, poles, and the rest of the critical electricity transmission and distribution infrastructure in Puerto Rico
The Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) discovered that while LUMA was competing to be picked, one of the companies in its consortium, Texas-based Quanta Services, lobbied before Congress and the Donald Trump White House on issues related to federal funds and power infrastructure repairs affected by Hurricanes Harvey and María, as well as to “PREPA”, as described in a general and imprecise manner in the reports to Congress. In 2019 and 2020, after the hurricanes that hit the Caribbean and the southeastern United States, Quanta Services made a strong lobbying bid before the federal government. The $120,000 it had invested in lobbyists in 2016, doubled to nearly $280,000 in 2019, according to congressional data compiled by Open Secrets. The CPI confronted Stensby with the fact that the request for proposals (RFP) to manage the power grid indicates that participants cannot lobby simultaneously on the same contract.
Al cruzar la Avenida Ponce de León, frente a la oficina central de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en San Juan, el canadiense Wayne Stensby ve los mensajes con pintura de spray en oposición a la empresa que dirige: “Fuera LUMA”. “No a la privatización”. Las consignas intentan tachar los afiches que pegó LUMA en un edificio abandonado en el barrio de Santurce para contrarrestar a sus detractores: “Conoce los datos”. “Conoce la verdad”. La empresa lleva a cabo una agresiva campaña publicitaria en medios de circulación general y en las calles y avenidas por donde caminan los empleados de la AEE.
Finding molecular tests that confirm a COVID-19 diagnosis in Puerto Rico is currently quite challenging, and the government restricts who has access to them. One of the reasons is the lack of materials such as reagents, the chemicals necessary to detect the coronavirus. “All reference labs have a need for reagents,” said Ilia Toledo, president of the Toledo Clinical Laboratory, one of the largest in Puerto Rico. In addition, the 200 members of the Association of Clinical Laboratories face problems getting swabs for sampling, its President Juan Rexach confirmed. The standard justification given for the lack of swabs, transport vials, and chemical reagents — all necessary to administer and process these tests — is fierce competition for these supplies throughout the U.S. and around the world.
