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Puerto Rico ha estado históricamente fuera de importantes estudios, informes y bases de datos de toda clase. El limbo colonial y el mal manejo de la información gubernamental son algunas de las causas. Ahora, cuando la pandemia exige actuar rápido, esa invisibilidad tiene consecuencias.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) recibió este viernes de parte del Departamento de Justicia la Base de Datos de Mortalidad en Puerto Rico desde el 2007 hasta el 6 de mayo de 2020, como resultado de la demanda incoada por la organización el pasado 28 de abril. Una revisión preliminar de los datos recibidos revela que la información está incompleta. Entre las deficiencias detectadas figura que el mes de abril de 2020 refleja menos de 2,000 muertes, cuando por los pasados seis años las muertes mensuales en Puerto Rico de enero a abril han excedido las 2,200. En lo que va del 2020, no ha habido un mes en que las muertes mensuales en Puerto Rico hayan sido menos de 2,500 lo cual representaría una diferencia de sobre 600 muertes menos en abril con respecto a enero, febrero, e incluso marzo, cuando Puerto Rico ya vivía una cuarentena. Otros indicadores de que la Base de Datos entregada está incompleta para el año 2020 son el hecho de que la principal causa de muerte está en blanco en el 15% (1,495) de las 9,771 muertes incluidas para 2020, y que para el 6 de mayo solo se incluyen tres muertes cuando en Puerto Rico mueren en promedio de 50 a 60 personas al día.
Ricky Castro Ortiz conocía al Dr. Segundo Rodríguez Quilichini, con quien colaboraba en un proyecto relacionado a la UPR antes de la llegada del coronavirus. Rodríguez lo refirió al Dpto de Salud para la adquisición de pruebas de COVID-19. Ambos son donantes del PNP.
De las querellas relacionadas a la pandemia según los datos del DTRH, de patronos que mantuvieron sus operaciones durante la cuarentena, al menos 50 provienen de empleados de hospitales y ocho de centros de servicios de salud.
El CPI supo por tres fuentes que las pruebas de la marca Phamatech no estaban dando los resultados que se supone arrojaran al momento de validarlas para uso en pacientes.
Durante casi una década, el Gobierno de Puerto Rico echó a perder la oportunidad de preparar una red de información que hubiera permitido tener datos en tiempo real para salvar vidas durante una pandemia, como la causada por la COVID-19. Cuando el secretario Lorenzo González dejó en 2013 el puesto de jefe del Departamento de Salud (DS), ese proyecto estaba en desarrollo. Al regresar en 2020 a dirigir la agencia, no sólo se encontraba sumida en escándalos de corrupción y malos manejos de la respuesta ante la pandemia, sino que la Corporación de Intercambio Electrónico de Información de Salud de Puerto Rico (PRHIN, por sus siglas en inglés) no funcionaba. El PRHIN hubiera permitido compartir los récords médicos de los pacientes entre todos los proveedores de servicios médicos, para darles un mejor tratamiento, y enviar una alerta en tiempo real al DS para hacer una vigilancia de cualquier amenaza a la salud pública. El sistema, que ha costado más de $7.7 millones de fondos federales, debió estar listo hace seis años.
El Departamento de Educación dejó en manos de las organizaciones sin fines de lucro a quiénes y cómo se distribuirían los alimentos.
¿Quiénes componen el Task Force Económico encargado de asesorar al Gobierno de Puerto Rico? ¿Cómo fueron designados o qué mecanismo y datos se utilizaron para proponer y apoyar una reapertura gradual del sector económico tras seis semanas de toque de queda por el COVID-19? Estas son preguntas que surgen ante la rápida acogida que ha proyectado dar el Gobierno a su propuesta. El Task Force Económico, según la lista oficial enviada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), está compuesto por cerca de 50 empresarios, tres economistas y un líder sindical. El grupo empresarial es un derivado de una organización privada sin fines de lucro incorporada en junio de 2018, el Puerto Rico Business Emergency Operation Center (BEOC).
Nuevos integrantes fueron convocados en las últimas tres semanas para unirse al Task Force, luego de que surgieran críticas de entidades que representan a sectores que no figuraban en el grupo y estas pidieran ser incluidas, como es el caso de la Cámara de Comercio del Oeste, la Asociación de Economistas, la Asociación de Detallistas de Gasolina y grupos sindicales entre otros.
