Muchos, de derecha y de izquierda, vociferarán su rechazo, pero en lo íntimo, saben que también, con sus amigos, hablan de putas y gatitas. Hablan así de sus jefas, de sus compañeras de clase, de las manifestantes en el Capitolio y La Fortaleza. Esa hipocresía es el germen de la violencia a las mujeres.
Acreditarse avances y números positivos luego de una catástrofe natural o una depresión económica son estrategias engañosas de funcionarios a nivel global
La intención de ser transparente sobre los asuntos públicos fue una de las cosas que el huracán se llevó y no se ha recuperado. Por eso, anticipamos la necesidad de que, como sucedió en 2018, cada vez más individuos y organizaciones tendrán que recurrir a ejercer en los tribunales su derecho constitucional al acceso a la información.
El Gobierno de Puerto Rico cierra el año 2018 como defensor de la desprestigiada práctica de regalar y mantener ocultos los privilegios fiscales. La organización Espacios Abiertos (EA), que promueve la transparencia gubernamental, tuvo que demandar al Gobierno para que este publique un informe con la cantidad de impuestos que le reduce al sector empresarial. La respuesta de la administración de Ricardo Rosselló, que llegó a Fortaleza con una promesa de gobierno transparente, fue indicar que no podía publicar el informe porque contiene información confidencial. Pero EA no está pidiendo detalles como números de seguro social patronal ni información de las planillas de los receptores de estos beneficios contributivos. Lo que solicita es un tax abatement report, que es un informe que detalla cuáles fueron esas reducciones de impuestos, a cuánto ascienden, con qué objetivos fueron otorgadas, qué compromisos contrajeron quienes las recibieron y si en realidad devolvieron a cambio un desarrollo económico.
La quiebra de Puerto Rico le ha costado al pueblo más de $225 millones en un año, solamente en abogados y consultores financieros. Se proyecta que el gasto ascenderá a $1,200 millones durante los próximos seis años, incluyendo los gastos de la Junta de Control Fiscal. Empujé líneas como estas, con sus variaciones, como apuesta para comenzar una serie de historias que indagara en la facturación en servicios profesionales dentro del proceso de bancarrota que enfrenta la isla. No tuve éxito. Cuando se habla de cientos de millones de dólares, cifras por sí solas no alcanzan a explicar la magnitud del asunto.
El pasado 20 de septiembre, cuando cedieron los vientos de María y salí por el portón de mi casa supe que nada sería igual en Puerto Rico. En ese momento milagrosamente me entró un texto de la colega Frances Robles, del New York Times, dónde me preguntaba cuál era la historia más importante y, aunque aún no entendía bien el nivel de la devastación que había dejado atrás el huracán en menos de 12 horas, alcancé a decirle en ese último suspiro de señal, que no sabía, pero que esto era lo peor que había visto yo en mis 45 años de vida. 48 horas más tarde, ya estaba clara en lo que estaba pasando. La devastación de este huracán era de una magnitud abismalmente distinta a los anteriores en nuestra historia moderna. Como bien saben todos los que están aquí, la isla completa quedó sin electricidad, sin telefonía, sin internet, sin supermercados, sin acceso en las carreteras, sin combustible, y sin medios de comunicación.
Construir infraestructura pública para un Puerto Rico en quiebra y rematado por dos huracanes parece una buena idea ante la necesidad de obras urgentes, la falta de empleos y la exigencia de fortalecer la economía. Pero los “proyectos críticos” que se deben aprobar por vía rápida, según lo ordena la ley federal PROMESA, apenas comienzan a ponerse en marcha y generan cuestionamientos. La Junta de Control Fiscal (JCF), el organismo impuesto por el gobierno estadounidense por medio de la Ley PROMESA para mandar sobre las finanzas de Puerto Rico, acaba de aprobar un proyecto crítico que más bien parece uno de esos numerosos parchos con los que el Gobierno resuelve los problemas. Se trata de la expansión del vertedero del municipio de Fajardo, lo que permitirá a nueve ayuntamientos del noreste de la Isla tener un lugar para depositar la basura durante los próximos 20 años. Esa iniciativa da la impresión inicialmente de ser un gran paso, pero sólo compra tiempo ante la crisis generalizada de la basura del País, que no cuenta con un plan inmediato, contundente y abarcador para reducir desperdicios y aumentar el reciclaje.
The Government of Puerto Rico did it again. Far from contributing to the transparency and clarity associated with the issue of Hurricane María-related deaths, it published a confusing, two-sentence statement in its draft of the Economic and Disaster Recovery Plan, implying that the absurd figure of 64 fatal victims had been revised in June and increased to 1,427. There was no such revision. There is no new official list of names of people killed by the storm. The mistaken way in which these two sentences are written led the The New York Times to err in a story published Thursday entitled “Puerto Rican Government Acknowledges Death Toll of 1,427,” which in turn was repeated by some of the main media outlets in the United States.
Notifications
