En lugar de la jueza federal Laura Taylor Swain, será la jueza Lauracelis Roque, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan será quien decida el caso en el cual el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicita al gobierno de Puerto Rico una serie de documentos públicos intercambiados con la Junta de Control Fiscal.
El plan fiscal indica que la reducción a subsidios para la UPR, los municipios y el sector privado será de $1,044 millones de dólares en 2026. De ese total, la administración Rosselló planifica reducir $512 millones de las aportaciones actuales a la UPR.
Afuera, protestas. Adentro, aires de triunfo permeaban el encuentro entre los industriales y el nuevo gobierno. Mucho ocurría mas allá de la tarima, después de los discursos, y fuera de cámara.
VEREDICTO: FALSO
El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló, afirmó el pasado 22 de agosto en entrevista con El Nuevo Día que el gobierno de Puerto Rico gasta de $300 millones a $400 millones en contratos externos de tecnología que serían mejor invertidos en su propuesta de crear la nueva dependencia gubernamental, la Puerto Rico Technology Innovation, que “recopilará y conectará” a todas las agencias públicas. La iniciativa sería costeada con el ahorro que el gobierno generaría al eliminar dichos contratos. El gasto en contratos externos fue tomado por Rosselló y su equipo de la fuente oficial sobre el tema de los contratos, el registro de contratos públicos de la Oficina de Asuntos del Contralor de Puerto Rico, según informó el director de campaña del candidato Elías Sánchez. En efecto, las tablas que usaron como base para el cómputo, provistas por Sánchez, surgen directamente de la fuente primaria, la Oficina del Contralor, según fue confirmado, y suman $326 millones en contratos para el año fiscal 2015-2016. Pero de las propias tablas se desprende que utilizaron para el cómputo algunas categorías de contratos que no son propiamente de tecnología, como servicios de clasificación y almacenaje de documentos, servicios de facturación médica para los hospitales y clínicas del gobierno, servicios de procesamiento de pagos, y fotocopiadoras.
