Trayectoria

Fuera del Título III la demanda de acceso a la información

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La Jueza Laura Taylor Swain concluyó que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demostró que existe causa para levantar la paralización automática al litigio de acceso a la información que esta entidad lleva contra la Junta de Control Fiscal. Esto implica que no se consolidará con los casos de la quiebra bajo el Título III que dirige la letrada, sino que se atenderá en el Tribunal Federal, según la Constitución de Puerto Rico. En resumen, la orden de Swain reconoce la legitimidad de la postura del CPI como representante del pueblo, admite que la solicitud no afecta los procesos de Título III, y establece que el caso merece una resolución “a tiempo”. “Se concede la moción y se levanta la suspensión automática en cuanto al litigio”, dijo Swain, quien afirmó en su orden que “el litigio resolvería completamente los asuntos que plantea CPI y estos pueden ser resueltos de manera más económica en un foro distinto al del los procesos del Título III”. “Aunque la Junta deberá dedicar tiempo y recursos a la defensa de este caso, el efecto más significativo de continuar la suspensión del litigio sería privar al CPI de cualquier oportunidad de obtener determinaciones oportunas en cuanto a su derecho a la divulgación que busca en nombre del público puertorriqueño.

Trayectoria

CPI responde a la Junta de Control Fiscal sobre su pedido de información pública

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La Junta de Control Fiscal ha invocado la inmunidad de sus miembros y argumenta que la Ley PROMESA suplanta todo el derecho puertorriqueño, en su intento por no entregar los documentos solicitados mediante el Tribunal Federal por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). En lo que parece ser el primer documento legal en que la Junta trata de establecer ante un tribunal su visión de lo que son y hasta dónde llegan sus poderes, los argumentos de la entidad sobre su alcance y su interpretación de la Ley PROMESA se dan en momentos en que el gobierno federal evalúa si va o no a defender ese estatuto en el caso de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III. La Junta también implica en su moción radicada el martes, 8 de agosto que los gastos que conllevaría entregar los documentos que ya existen y que han sido solicitados desde el pasado año por el CPI serían onerosos. Plantea que la solicitud de documentos representará una dificultad para sus “miembros no compensados”, aunque este organismo cuenta con ocho personas en su equipo de trabajo, incluida su Directora Ejecutiva, cuyo salario anual es de al menos $625,000. De las publicaciones de la Junta en su sitio web, también indica que hay una serie de contratistas, incluyendo, por ejemplo, su recién nombrado coordinador de revitalización, que gana un salario anual de no menos de $325,000.00.

Instituto de Formación Periodística

CPI otorga beca de periodismo ambiental a proyecto sobre cambio climático

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El periodista Emmanuel Estrada es el nuevo ganador de la beca de periodismo investigativo ambiental que otorga el Instituto de Formación Periodística (IFP), una iniciativa educativa impulsada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).   

Emmanuel Estrada, quien trabaja para el periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico, se propone investigar un tema relacionado a los retos que representa el cambio climático en la Isla. El periodista también participará de una investigación caribeña colaborativa relacionada a este tema. Estrada posee un bachillerato en Periodismo de la Universidad de Puerto Rico y cursa estudios en Derecho en la misma universidad. La beca de periodismo ambiental de $2,000 se otorga con el apoyo de Para la Naturaleza a periodistas activos que participan de los Talleres de Periodismo Ambiental del IFP mediante un proceso competitivo y el ganador o ganadora es seleccionado por un jurado independiente integrado por expertos en el tema que se aborda en los seminarios y por periodistas no-activos.

Actualidad

Gobierno hace entrega parcial de documentos y pide auxilio federal, otra vez

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Una caja de documentos enviada por el gobierno de Puerto Rico llegó el lunes en la tarde con parte de la información solicitada mediante una demanda por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). A la vez, la administración de Ricardo Rosselló notificó la remoción (removal) del caso al Tribunal Federal como parte de los litigios que se ven bajo el Título III de la Ley PROMESA. La remoción o removal se refiere a la transferencia de un caso de un tribunal en una jurisdicción estatal o territorial, en este caso la de Puerto Rico, a un tribunal de distrito federal. Este recurso dilata el proceso iniciado el 1 de junio, en el que el CPI demanda a La Fortaleza y el gobernador Ricardo Rosselló por peticiones de información que no han sido atendidas por el Ejecutivo. El gobierno admitió con esta entrega parcial que sí tenía pero no había divulgado parte de la información solicitada por el CPI.