Según la Agencia de Protección Ambiental federal, el límite de seguridad aceptado de arsénico en suelos residenciales es 0.68 partes por millón. En algunos suelos al sur de Puerto Rico este verano se recogieron muestras que sobrepasan 22 veces el límite aceptado por la agencia.
Se identificaron 66 medios en la isla y se entrevistó a alrededor de 20 periodistas para el informe.
En una de sus últimas acciones como gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló podría aprobar un proyecto de ley para hacer más difícil el acceso a la información pública a los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. “El gobernador tiene ante sí, un Proyecto de ley que en el estilo que ha caracterizado su gobernación, dice que hace una cosa cuando en verdad hace otra”, así catalogó Cecille Blondet, Directora de Espacios Abiertos, el P de la C 1095 que aprobó la Asamblea Legislativa el último día de la sesión ordinaria en junio, a última hora, con prisa, tras bastidores, sin aviso y que ayer fue enviado para la firma del Gobernador. Espacios Abiertos, la Red de Transparencia y los gremios periodísticos han señalado en múltiples ocasiones que el Proyecto de ley “para adoptar la Ley de Transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública” no cumple con los principios básicos de acceso a la información reconocidos internacionalmente y que el proyecto de administración —que presentó Rosselló y que fue aprobado por la mayoría del PNP aún con el total rechazo de las minorías, en clara votación partidista dirigida desde La Fortaleza— en vez de acercar al país a la transparencia y rendición de cuentas, pone más obstáculos a éstas, pues entre otras cosas, no promueve la publicación proactiva de información pública, alarga los términos para contestar las solicitudes de información y aumenta de 5 a 12 las excepciones o justificaciones que puede utilizar el gobierno para no dar la información, etc. Una situación similar de desconexión entre el propósito y el contenido de la medida la presenta el P del S 236 que propone una Ley de Datos Abiertos. Recientemente, y previo al escándalo generado por el chat que ha desencadenado en el anuncio de renuncia del Gobernador, los gremios periodísticos en una carta abierta a éste le solicitaron que vetara ambos proyectos.
Las tres organizaciones expresaron su rechazo a los proyectos y solicitaron una reunión urgente al Gobernador para explicarle en detalle la razones para pedir que las vete de inmediato.
Periodistas del semanario Caribbean Business, los diarios NotiCel y Metro, y la revista Buena Vida fueron seleccionados para recibir becas de $2,000 para realizar investigaciones periodísticas en colaboración con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Los reportajes abordarán temas de seguridad alimentaria, desarrollo económico, salud y salud mental. De esta forma, el Instituto de Formación Periodística del CPI continúa expandiendo su oferta de desarrollo profesional para periodistas de Puerto Rico y el Caribe, en esta ocasión, con el apoyo de las organizaciones Internews, NetHope y el Center for Disaster Philanthropy. Los ganadores de la beca fueron Yanira Hernández (Caribbean Business), Tatiana Díaz y Adriana de Jesús Salamán (NotiCel), Aiola Virella y Ronald Avila (Metro) y Sandra López (Buena Vida). Del 30 de mayo al 1 de junio, el Instituto realizó la jornada de talleres Periodismo de datos sobre la recuperación, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
Politicians and government officials made sure that the funds needed to protect the insured in the event of a catastrophe were reduced.
Políticos y funcionarios se ocuparon de que se redujeran los fondos necesarios para proteger a los asegurados en caso de una catástrofe.
La incertidumbre sobre los cambios al plan de jubilaciones había causado, hasta febrero de este año, un incremento de 53% en las solicitudes de retiro presentadas tras la aprobación de la ley PROMESA.
