La embarcación de 685 pies de eslora y capacidad para 20 mil toneladas de carga partió horas antes de lo planificado, tras concluir una operación de tres días con personal y palas mecánicas para excavar una fracción del monumental depósito de cenizas de la planta y trasladar el material al muelle cercano, a través de un túnel aéreo de correas o conveyors.
El caso, que se radicó en junio del 2017, tendría ahora su día en corte si el gobierno no entrega los documentos solicitados antes del 19 de marzo o prueba que estos documentos no fueron sometidos a la Junta.
Aunque el proceso judicial que atiende la quiebra del Gobierno de Puerto Rico aún se halla en su etapa inicial, casi una treintena de bufetes de abogados y firmas de consultoría financiera ya han hecho leña del árbol caído. En clara contradicción al discurso público de austeridad impulsado por la Junta de Control Fiscal (JCF), los consultores externos contratados para los casos de Título III ya han presentado facturas de servicios por al menos $70.8 millones. La mayoría corresponde a solo cinco meses de labor, entre mayo y septiembre de 2017. Tanto estas como las facturas que se emitan por los cinco casos de quiebra gubernamental en curso son y serán costeadas con fondos públicos de Puerto Rico. Una revisión realizada por La Perla del Sur a cerca de 30 de facturas presentadas ante el Tribunal Federal revela un patrón de exorbitantes reclamaciones de pago, en las que se piden desembolsos de entre $250 y $400 por hora para empleados de bajo nivel y hasta $1,425 por hora para abogados o socios de bufetes.
San Juan, Puerto Rico – The Center for Investigative Journalism (CPI, for its Spanish acronym) filed a lawsuit on Wednesday against the director of the Puerto Rico Demographic Registry, Wanda Llovet-Díaz, after multiple attempts to get the agency she heads to offer information about the deaths that occurred on the island after Hurricane María. The lawsuit states that it is a matter of “public information and of great public interest for the people of Puerto Rico.”
Specifically, the CPI asked the director of the Demographic Registry for: detailed information about the deaths recorded in Puerto Rico in 2017, in a complete database format, until the most recent entry in the Demographic Registry’s system; death certificates issued in Puerto Rico from September 18 to the present; the deaths registered, broken down by day and municipality; burial permits granted since September 18; cremation permits granted since September 18; as well as authorization to access the notebooks in which permits granted to funeral and cremation homes are recorded manually in each of Puerto Rico’s Demographic Registry offices. Several days after Hurricane María, the CPI began publishing reports revealing that there had been dozens of additional confirmed deaths that were not being informed to the government, due in part to a lack of a special protocol to handle deaths in case of disaster, and the slow response from Puerto Rico’s agencies. Reporters Omaya Sosa Pascual and Jeniffer Wiscovitch published a series of stories and the official data finally confirmed that there were more than 1,000 excess deaths in September and October, when compared to 2016. However, since then, the government has not given an explanation for that excess in deaths.
El Centro de Periodismo Investigativo radicó este miércoles una demanda contra la directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, Wanda Llovet Díaz, luego de múltiples intentos para que la agencia que esta dirige brindara información sobre las muertes ocurridas en la Isla tras el Huracán María. Se trata de “información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico”, apunta la demanda.
A un mes de la orden de recuento, el gobierno no divulga el protocolo y la cifra oficial permanece en 64
Aquí se encuentra el formulario para enviar la información sobre las personas muertas.
