Inician cambios a los mapas de redistribución electoral

Solo en tres de los ocho distritos senatoriales del país se harán cambios a la composición actual del mapa electoral debido a las fluctuaciones de su población, acordaron los dos miembros asociados de la Junta Constitucional de Revisión de los Distritos Electorales Senatoriales y Representativos de Puerto Rico. La determinación fue tomada en las primeras reuniones del grupo que rediseña los distritos senatoriales, compuesto por Edwin Mundo y Ferdinand Mercado, miembros de esa junta en representación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) respectivamente.  

La redistribución electoral es un proceso que se hace cada 10 años luego del Censo para determinar la composición de los distritos senatoriales y representativos de manera que tengan una cantidad similar de habitantes, garantizando que cada voto tenga el mismo valor y se cumpla con el principio de “una persona, un voto”. Este principio, en el ámbito electoral, supone que el voto de los ciudadanos, independientemente de su raza, profesión o clase social, tiene el mismo valor. De ahí que la esencia de toda distribución electoral sea la mayor igualdad numérica poblacional en cada uno de los distritos. Por ejemplo, el ciudadano que vota en San Juan tiene el mismo valor que quien ejerza ese derecho en Juan Díaz porque todos los distritos representativos y senatoriales tienen una población similar.

LUMA no quiere que se le fiscalice

La obstinada posición de LUMA Energy, LLC. ante el reclamo público y legislativo de que revele información sobre sus operaciones sufragadas en su totalidad con dinero público, no le deja otro camino al gobernador Pedro Pierluisi que exigirle a los directivos de la empresa que abran sus libros. Parece inverosímil que, durante meses, el presidente de LUMA, Wayne Stensby, haya utilizado todas las estrategias legales para retrasar el proceso y evitar hacer pública información sin que a nadie del Gobierno de Puerto Rico le importe. No es pedirla, es exigirla. ¿Manda el Gobierno o el que manda es LUMA? 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puesto en aprietos a LUMA Energy, LLC., al denegar por segunda ocasión una solicitud de reconsideración de la empresa para no entregar información sobre sus trabajadores, ejecutivos y sus salarios, entre otros datos solicitados por la Cámara de Representantes.

LUMA: How will it be scrutinized?

Little has been said about what will happen when LUMA Energy starts managing part of the electric power system, which is an essential service.  Will the contracts signed be published? Will the meetings and minutes of such meetings in which LUMA participates be public? Will we know how public money is spent by the company? Who is the press going to call in times of emergency to get details of the situation and how it’s being handled? PREPA’s or LUMA’s management?

La peregrinación por la transparencia durante el año de la pandemia

La pandemia por el coronavirus nos ha marcado trayendo consigo una nueva realidad social acompañada de grandes retos de salud pública y repercusiones económicas globales. Mientras para el resto de la humanidad la batalla se centra en contener la pandemia con la vacuna como un primer escalón para regresar a una “nueva normalidad”, en Puerto Rico representa, además, el más reciente reto a nuestra resistencia social que ha sido puesta a prueba en los pasados años en que hemos enfrentado desastres naturales y otros provocados por el Gobierno. Cumplido un año desde que se declarara un cierre total por el coronavirus no me quedan dudas de que, el denominador común que ha agravado la respuesta pública a la pandemia es la cultura de opacidad y la falta de transparencia de los responsables de tomar las decisiones de política pública para atender cada una de estas situaciones. Es como si el Gobierno no hubiera aprendido. La palabra transparencia se ha convertido en una moda entre los funcionarios.

El banquete total del PNP en la Comisión Estatal de Elecciones controló todo el proceso electoral del 2020

Desde el momento en que con su firma la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced convirtió en ley el nuevo Código Electoral, el Partido Nuevo Progresista (PNP) se aseguró inmediata e indefinidamente el control de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), reveló una investigación realizada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). 

La Ley 58 del 20 de junio de 2020 le otorgó al presidente de la entidad, en aquel momento Juan Ernesto Dávila, nombrado por el pasado gobernador Ricardo Rosselló, el poder de escoger a todos los directores de las diferentes oficinas administrativas sin que tengan que ser confirmados por el voto mayoritario de los comisionados electorales, por ser ahora considerados “funcionarios de confianza” del presidente. Además, el estatuto perpetúa al PNP en la presidencia de la CEE ya que dispone que la nominación a ese cargo recae en el partido de mayoría, redefinido en la nueva ley como el partido que más votos íntegros saque en las elecciones generales. Hasta la aprobación del nuevo Código Electoral, se consideraba partido de mayoría aquel cuyo candidato a gobernador obtuviera el mayor número de votos. 

“Corresponderá al Comisionado Electoral del Partido Estatal de Mayoría, cuyo partido hubiere obtenido en la anterior Elección General la mayor cantidad de votos íntegros en la Papeleta Estatal del total de votos válidos emitidos en esa papeleta, proponer a los restantes Comisionados propietarios el o los nombres de los candidatos a los cargos de Presidente y de Alterno al Presidente”, lee el artículo 3.7 del nuevo Código Electoral. Desde su creación en 1967 y su primera participación en las elecciones generales de 1968, el PNP ha logrado obtener la mayor cantidad de votos íntegros en 10 de los 14 eventos electorales, constató el CPI. La última vez que el Partido Popular Democrático (PPD) obtuvo más votos íntegros que el PNP fue en las elecciones generales de 2000 en las que prevaleció Sila María Calderón.

Electronic Vote Count in Puerto Rico was Overpriced, but Mostly Failed Across-the-Board on Election Day

Machines that did not recognize the electronic key to get the process going at the polling stations; others that did not read or in which the ballots got stuck; some that shut off in the middle of the voting process; and many that were unable to transmit the results. In other polling stations, memory cards were damaged during the voting process or simply never worked. This was the type of failure that was repeated in almost all polling stations during the 2020 election process, the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) confirmed with more than 20 sources. When the State Elections Commission (SEC) was asked for a record of reported equipment failures in polling stations, the agency did not release the information. The CPI learned that to this date, there isn’t a complete report of how many machines experienced malfunctioning or information about how many of those cases were related to a lack of maintenance, because the SEC does not have a formal, agile and consolidated procedure to collect this information.