Breakers Where the General Blackout Happened Were To Be Replaced in December 2021 by PREPA

The area in the switchyard where the Central Costa Sur fire occurred, which caused the general blackout last Wednesday, should have been renovated four months ago, in December 2021, according to the original infrastructure plan through which the Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA) will access $10.7 billion in federal recovery funds. But, after LUMA’s arrival in June 2021, as operator of the transmission and distribution system, the processes were delayed. The completion date for the repairs at the plant was postponed to February 2023, according to documents from the Puerto Rico Energy Bureau and the Federal Emergency Management Agency (FEMA), that the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) reviewed. 

Avería en breaker de salida de Unidad #5 de Costa Sur al 230kv ocasionó la salida de las unidades 5 y 6 de la Central. El sistema de protección del sistema eléctrico sacó de servicio el resto de las unidades que estaban generando. pic.twitter.com/ZFAR6GocY2— Autoridad de Energía Eléctrica (@AEEONLINE) April 7, 2022

The recovery work in Costa Sur, Guayanilla, included replacing four switches of the 230-kilowatt transmission lines because they have already completed their useful life and are obsolete.

El determinismo como excusa para la negligencia gubernamental

A pesar de las experiencias en torno a los aspectos que deben mejorarse para proteger vidas, la infraestructura y garantizar los servicios esenciales durante una emergencia, el Gobierno de Puerto Rico insiste en un discurso determinista que describe los desastres como inevitables, para así justificar su inacción en los renglones de preparación y respuesta. 

Si bien es cierto que, por la ubicación y climatología, las islas de Puerto Rico son propensas al impacto de huracanes, también hay que aceptar que la pérdida de vidas, la ausencia de electricidad por meses, el colapso de puentes de décadas de existencia y la inaccesibilidad a servicios de salud no necesariamente son inevitables. Son parte de desastres políticos que evidencian las fallas de una administración pública en la cual el mantenimiento a la infraestructura crítica, la garantía de un techo digno y el derecho a la salud dejaron de ser prioridades. Para el profesor de historia de la Universidad de Yale, Stuart Schwartz, el uso del término “natural” para describir al huracán María falla en reconocer que la falta de preparación gubernamental, la infraestructura débil y la situación fiscal precaria vigente son en gran medida responsables de lo ocurrido en Puerto Rico tras el azote del ciclón. 

“No son las tormentas en sí las que matan a estas personas. Es lo que hicimos o no hicimos antes y después lo que fue responsable. Preparación, política y voluntad es lo que se necesita para enfrentar estos desastres ‘naturales’.

Como suero de brea los proyectos de envergadura que se harían con fondos de recuperación

El alcalde de Jayuya, Jorge González Otero, habla sin tapujos. En mayo, les dijo a los principales funcionarios a cargo de la recuperación de Puerto Rico que deben “darle machete” al contrato de la compañía estadounidense ICF Incorporated. Su envalentonamiento tiene un fundamento de gran peso, o mejor dicho, de muchos dólares. Con $250 millones federales asignados, Jayuya es el municipio con más fondos disponibles para reconstruir edificios, carreteras y puentes. Le sigue San Juan, con $96 millones.