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Gobierno se opone en el tribunal a divulgar el informe sobre el almacén de suministros de Ponce

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El informe sometido por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el almacén de suministros en Ponce es un documento público, reconoció en corte la administración de Wanda Vázquez Garced. No obstante, el Gobierno reclama dos excepciones que evitarían que se divulgue si el tribunal las estima válidas: que el informe alegadamente constituye una información que es oficial y le aplica el privilegio ejecutivo y que es necesario proteger los derechos constitucionales de “los imputados” que se podrían ver afectados si se hace pública información de una investigación que no ha concluido. 

Durante la vista judicial en el caso de acceso a información presentado por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para que la Gobernadora entregue el documento, los abogados del Gobierno solicitaron a la jueza Lauracelis M. Roques Arroyo del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que desestime la demanda invocando inicialmente la teoría legal de que la investigación realizada por el NIE es parte de la pesquisa del Departamento de Justicia. 

El informe del NIE fue encomendado por la Gobernadora para hacer la evaluación en un periodo de 48 horas de lo ocurrido en el almacén de suministros en Ponce, y una vez recibido, fue referido a Justicia por Vázquez Garced.  

El NIE ya no es parte del Departamento de Justicia (DJ) desde que se aprobó la ley que lo adscribe a la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. El Gobierno trató de hacer ver que la confidencialidad que provee la Ley Orgánica del Departamento de Justicia se extiende al NIE, debido a que trabajan en coordinación. Una moción de solicitud de desestimación de la solicitud de información fue recibida una hora antes de la cita en el tribunal. Durante la vista, los abogados del Departamento de Justicia (representando al Gobierno), Tania L. Fernández Medero y Antonio Cintrón Almodóvar, intentaron demostrar que tanto la Ley 20 de 2017, que crea el Departamento de Seguridad Pública, como la ley orgánica del Departamento de Justicia sostienen que el documento es confidencial hasta tanto culmine la investigación de Justicia. 

La jueza Roques Arroyo insistió en varias ocasiones en que los abogados del Gobierno explicaran de dónde surge tal apreciación.

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Behind the ruins: Haiti and Puerto Rico

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Haiti’s national portrait is deceiving: ax, pickaxe and shovel. Blood on the streets and masked uniformed men running amok. An easy-to-consume, instant chaos. January 2020 marks 10 years of the earthquake and 216 years of being the first black republic. Its portrait, sadly, continues to be one of destruction.

English

Puerto Rico Fiscal Control Board’s Scandalous Secrecy Exposed

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In a legal fight for access to information that has been going on for more than two years, the Fiscal Control Board (JCF, for its initials in Spanish) argued before the U.S. District Court for the District of Puerto Rico that it has not delivered public information to the Center for Investigative Journalism (CPI, for its initials in Spanish) to avoid revealing which politicians accept public services reductions. This and other JCF arguments are contained in a motion that seeks to dismiss the second lawsuit submitted by CPI to gain access to communications between that entity and the Government of Puerto Rico. The second lawsuit was made necessary this year since the non-elected body that governs the island’s finances has delayed the delivery of 22,000 documents (out of a total of 40,000) that they have acknowledged would be responsive to a request made by CPI in a first lawsuit filed in 2017. The delivery of the first tens of thousands of documents served to source several stories about the Board’s communications with local and federal government entities included in the series “Los emails de la Junta” (“The Board’s emails”). Some revelations were even mentioned by Puerto Rican U.S. Supreme Court Justice Sonia Sotomayor in the Oct.