Veredicto judicial abre la puerta a la relación de las cenizas de carbón con muertes y enfermedades de obreros

Tras un juicio que se extendió por tres semanas, un jurado de la Corte del Distrito Este de Tennessee determinó que las toneladas de cenizas que se extrajeron del peor desastre ambiental ocurrido en los Estados Unidos pudieron provocar la muerte de al menos 30 de los 250 trabajadores contratados para su remoción. Asimismo, implicó este miércoles que los obreros que laboraron por cinco años en esa limpieza pudieron contraer leucemia, cáncer de pulmón y cerebro, enfermedades respiratorias crónicas y cardiopatía coronaria a consecuencia de su exposición prolongada al material, confirmó a La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo Jim Scott, unos de los seis abogados a cargo de la defensa de los 220 sobrevivientes. Durante décadas, las compañías eléctricas que producen cenizas de carbón en Estados Unidos y Puerto Rico han negado que este desecho sea tóxico y nocivo a la salud. Los hechos de este caso se remontan al 22 de diciembre de 2008, cuando en la ciudad de Kingston, Tennessee, se quebró el dique de un estanque de la central eléctrica Tennessee Valley Authority (TVA), el cual almacenaba un billón de galones de lodo de cenizas. El accidente provocó que una ola gris arropara 300 cuerdas de terreno con hasta seis pies de cenizas, destruyera propiedades y contaminara el río Emory – un tributario del río Tennessee – con un cóctel de tóxicos como arsénico, cadmio y cromo.

Las comunidades luchan por recuperarse

Las comunidades no esperaron por el gobierno cuando la destrucción y la necesidad se apoderaron de Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017 tras el huracán María. Hubo organizaciones comunitarias que fueron la primera línea de ayuda para buscar soluciones inmediatas, salvar vidas y dar la mano a los damnificados. Y hay algunas que luchan, un año después, por ser protagonistas de su recuperación. Sin embargo, estas organizaciones y sus líderes enfrentaron grandes retos, según discutieron en el panel “Las comunidades luchan para recuperarse”, durante el evento 365 días de María, organizado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) del 18 al 20 de septiembre de 2018 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. El panel fue moderado por el profesor y psicoanalista, Alfredo Carrasquillo y los participantes fueron Lucy Cruz, presidenta del G8, que agrupa las comunidades del Caño Martín Peña, Roberto Thomas, coordinador de la Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos (IDEBAJO), José Oquendo, director ejecutivo del proyecto P.E.C.E.S de Punta Santiago en Humacao Wilfredo López Montañez, líder comunitario del barrio Sonadora de Aguas Buenas y Christine Nieves, líder comunitaria del proyecto Apoyo Mutuo Mariana en Humacao.

La Jurado #10

Puerto Rico es una de solo dos jurisdicciones en todos los Estados Unidos donde la pena capital es inconstitucional a nivel local. En el 1927 se ejecutó a la última persona condenada a muerte en el sistema de justicia puertorriqueño. La constitución, ratificada en el 1952, parecía ponerle punto final al tema de la pena capital en la isla.

Los muertos de María

Cuatrocientas ochenta y siete historias de sufrimiento extremo e inhumano, con nombre y apellido, prueban que muchas de las muertes por el huracán María eran prevenibles y revelan las causas que llevaron a un alza histórica en mortalidad en Puerto Rico. Esto se desprende del único registro amplio que existe de los decesos relacionados al huracán, documentados por una investigación conjunta del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Quartz y Prensa Asociada. La otra lista que existe es la del Gobierno de Puerto Rico que aún solo incluye 64 personas fallecidas. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha minimizado desde el inicio la magnitud de la catástrofe y glorificado su nivel respuesta, dijo el jueves que el estimado de muertes del gobierno de Puerto Rico, elaborado por George Washington University (GWU), es una invención de los demócratas para hacerlo lucir mal. “3,000 personas no murieron en los dos huracanes que azotaron Puerto Rico (Irma y María).

Indefinición de servicios esenciales da paso a arbitrariedad en las decisiones del Gobierno

En el salón 228 de la Escuela Intermedia Carmen Feliciano Carreras de Río Grande, Maribella Díaz imparte su última clase del día. Su hijo, Dérek Canales, permanece sentado, dibujando junto a otros dos estudiantes. Diagnosticado con ceguera y perlesía cerebral, Dérek todavía espera por su primer día de clase en el décimo grado de la Escuela Superior Isidro Sánchez de Luquillo. A casi un mes del comienzo del año escolar, el Departamento de Educación no le ha asignado un asistente de servicio ni una maestra de educación especial. Es por esto que el adolescente acompaña a su madre al trabajo hasta tanto se resuelva la situación.

Detenidos en la legislatura proyectos para atender fallas tras el huracán María

Varias piezas legislativas que proponen cambios para corregir el manejo y el registro de las muertes relacionadas con un desastre natural están en el limbo en la Asamblea Legislativa. Las recomendaciones principales sobre este tema que hace el estudio de la Universidad George Washington, por el que el gobierno pagó $305,000, ya habían sido hechas por la legislatura.