Gobierno hace entrega parcial de documentos y pide auxilio federal, otra vez

Una caja de documentos enviada por el gobierno de Puerto Rico llegó el lunes en la tarde con parte de la información solicitada mediante una demanda por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). A la vez, la administración de Ricardo Rosselló notificó la remoción (removal) del caso al Tribunal Federal como parte de los litigios que se ven bajo el Título III de la Ley PROMESA. La remoción o removal se refiere a la transferencia de un caso de un tribunal en una jurisdicción estatal o territorial, en este caso la de Puerto Rico, a un tribunal de distrito federal. Este recurso dilata el proceso iniciado el 1 de junio, en el que el CPI demanda a La Fortaleza y el gobernador Ricardo Rosselló por peticiones de información que no han sido atendidas por el Ejecutivo. El gobierno admitió con esta entrega parcial que sí tenía pero no había divulgado parte de la información solicitada por el CPI.

La expansión silenciosa de las juntas de control fiscal en EE.UU.

Se generaliza la figura de las juntas que toman control sobre las finanzas de las ciudades o territorios, a pesar de que afectan la democracia local, imponen medidas de austeridad sin controles, y no tienen mecanismos para evaluar su eficiencia o ser fiscalizadas.

Ante la Junta de Control Fiscal una petición para revelar privilegios fiscales a empresas como Monsanto

La Junta de Control Fiscal, entidad federal que negocia la bancarrota de la Isla, recibió una solicitud para que tome acción ante la necesidad de publicar  privilegios contributivos del Gobierno al sector privado, como el mantengo corporativo a Monsanto, en momentos de recortes a la Universidad de Puerto Rico, los municipios, los servicios de salud y las pensiones. Espacios Abiertos (EA), una organización que promueve la transparencia gubernamental, envió este jueves una carta y un informe a la Junta de Control Fiscal, pidiendo el registro público o presupuesto de gastos fiscales, con el detalle de todos los subsidios, incentivos, exenciones de impuestos, tasas contributivas preferenciales y otros beneficios que recibe el sector privado. La Ley “PROMESA”, aprobada por el Congreso de EE. UU. para que Puerto Rico reestructure su deuda, indica en la sección 208 (b) que los miembros de la Junta o sus empleados no podrán publicar los informes sobre subsidios, y que tendrán que cumplir con las leyes territoriales y federales en el manejo de información confidencial sobre los contribuyentes.

El emporio no declarado del Zar del Metro

El ingeniero Diandino Peña Criqué, director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte de la República Dominicana (OPRET), juró que no cuenta con más ingresos que los RD$150,000 (US$3,200) mensuales que percibe por su empleo como funcionario público. Sin embargo, una investigación de Noticias SIN y el Centro de Periodismo Investigativo encontró que Peña Criqué ocultó que es la cabeza, principal beneficiario y representante legal de un emporio de al menos 28 empresas, que incluye 14 registradas en el extranjero y 14 registradas en República Dominicana, muchas de las cuales están relacionadas entre sí mediante transacciones multimillonarias de transferencias de acciones, activos y efectivo.

Municipios, gobierno federal y tercer sector lideran playas modelo

Ante la incapacidad e inacción de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico de proteger el principal activo natural de Puerto Rico, un puñado de municipios, organizaciones sin fines de lucro y agencias federales han asumido con éxito algunas de las responsabilidades delegadas al organismo. Son esfuerzos, sin embargo, que representan un “mínimo por ciento” de las 1,225 playas que existen en la Isla, reconoció el director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y representante del sector académico en la Junta, Ruperto Chaparro. En su mayoría, se trata de balnearios y áreas de playa de alto valor ecológico, cuyo manejo requiere limitar y hasta prohibir ciertas actividades –incluyendo accesos– para preservar sus condiciones naturales. “Cuando se habla de manejo de playas, lo que se manejan son los usuarios. La playa se va a manejar sola.

Muda la Junta de Playas ante restricciones de acceso al mar

Pese a que los casos y denuncias de privatización de playas son abundantes, poco o nada ha hecho desde su creación hace 18 años la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas en Puerto Rico para intervenir y defender el derecho de acceso de los ciudadanos al principal recurso natural del País.