Carlos García, miembro de la Junta de Control Fiscal

Bajo la lupa dos integrantes de la Junta de Control Fiscal por su pasado en Banco Santander

Como miembros de la Junta de Control Fiscal, entidad creada por el Congreso de Estados Unidos con pleno control sobre las finanzas de Puerto Rico, Carlos García y José Ramón González tendrán que tomar decisiones relacionadas al pago de los bonos que ellos ayudaron a tramitar, tanto desde el BGF como desde Santander, banco que al 31 de marzo de 2016 poseía bonos del gobierno de Puerto Rico.

Maria Benedetti, Rosa Velazquez y Edgardo Rodriguez, integrantes de la organización Cayey para el Mundo.

Comunidades impugnarán Ciudadela de Cayey

El irregular proceso de permisos para construir un proyecto que incluye un hotel y centro comercial en la Ciudad de las Brumas da pie a cuestionamientos legales. Entre los proponentes de Ciudadela de Cayey figuran empresarios vinculados a otros proyectos que han estado bajo la mirilla pública, como Luis Alberto Rubí y Mark Greene Shotland, del fallido Dos Mares Resort en el Corredor Ecológico del Noreste; y Alberto De La Cruz Rionda, presidente de Coca Cola Puerto Rico Bottlers y vinculado a su vez en el caso del legislador convicto Jorge De Castro Font por sobornos políticos.

Fotograma de la promoción del programa Cara a Cara con Cimadevilla

Ligada al PNP la cara pública de la Junta de Control Fiscal

La Junta de Control Fiscal (JCF) nombrada por el gobierno federal firmó un contrato con la empresa de consultoría en comunicaciones Forculus Strategic Communication, pero ni los miembros de la Junta ni el director ejecutivo de la empresa saben dónde se debe registrar el mismo ni lo han querido hacer público. “Precisamente ese es el problema. En estos momentos la Junta está haciendo una evaluación para determinar dónde y cómo se va a llevar a cabo el proceso de registro y divulgación de los contratos. Va a ser cuestión de días”, admitió Francisco Cimadevilla, director ejecutivo de Forculus, al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Cimadevilla trabajó para la administración de Pedro Rosselló de 1993 al 1999, y entre 2011 y 2016 donó $11,153 al Partido Nuevo Progresista (PNP), según la Oficina del Contralor Electoral.

Vista aérea del vertedero de Peñuelas

Tribunal valida prohibición de cenizas de carbón en Peñuelas

Con este fallo, el juez dio por terminado un pleito que se originó en junio de 2015, cuando PVL acusó a los activistas José Manuel Díaz Pérez, Jimmy Borrero Costas y miembros del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa por obstruir el acceso al vertedero y “provocar daños irreparables” a la empresa.

Puertorriqueños de la diáspora en Nueva York en una manifestación durante la primera reunión de la JCF

Se activa la diáspora ante primera reunión pública de la Junta de Control Fiscal

La reunión pública no duró media hora y tuvo más bien el formato de una conferencia con libreto, en la cual las decisiones tomadas por unanimidad no admitieron ninguna discusión y se aprobó un reglamento poco preciso y genérico, que tiene el resultado de dar amplio margen a la JCF a tomar decisiones sin cortapisas. Un grupo de la diáspora se manifestó afuera y adentro de la sala donde se montó la sesión. Conoce su punto de vista.

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Le echan el #OjoALaJunta

Ninguno de los integrantes nombrados hace ya un mes a la Junta de Control Fiscal ha concedido entrevistas a los medios de comunicación. Se reunirán este viernes en el antiguo Edificio de Aduanas de los Estados Unidos en Nueva York en una “audiencia pública”, fuera del alcance de los puertorriqueños que tendrán que acatar sus decisiones. Después de las reiteradas críticas por falta de información hechas al gobierno de Puerto Rico por parte de funcionarios federales y congresistas, resulta una gran ironía que el remedio para la crisis fiscal termine siendo un nuevo organismo impuesto, financiado con fondos públicos, que es inaccesible y tiene problemas de transparencia. La sección 109 de la Ley PROMESA, que crea la Junta de Control Fiscal, establece que los integrantes de la junta deben completar un formulario sobre los conflictos de interés, incluyendo la divulgación de su información financiera, elaborado por la Oficina de Etica federal, el cual ya deberían haber sometido. “¿A quién se lo sometieron?