Maria Benedetti, Rosa Velazquez y Edgardo Rodriguez, integrantes de la organización Cayey para el Mundo.

Comunidades impugnarán Ciudadela de Cayey

El irregular proceso de permisos para construir un proyecto que incluye un hotel y centro comercial en la Ciudad de las Brumas da pie a cuestionamientos legales. Entre los proponentes de Ciudadela de Cayey figuran empresarios vinculados a otros proyectos que han estado bajo la mirilla pública, como Luis Alberto Rubí y Mark Greene Shotland, del fallido Dos Mares Resort en el Corredor Ecológico del Noreste; y Alberto De La Cruz Rionda, presidente de Coca Cola Puerto Rico Bottlers y vinculado a su vez en el caso del legislador convicto Jorge De Castro Font por sobornos políticos.

Puertorriqueños de la diáspora en Nueva York en una manifestación durante la primera reunión de la JCF

Se activa la diáspora ante primera reunión pública de la Junta de Control Fiscal

La reunión pública no duró media hora y tuvo más bien el formato de una conferencia con libreto, en la cual las decisiones tomadas por unanimidad no admitieron ninguna discusión y se aprobó un reglamento poco preciso y genérico, que tiene el resultado de dar amplio margen a la JCF a tomar decisiones sin cortapisas. Un grupo de la diáspora se manifestó afuera y adentro de la sala donde se montó la sesión. Conoce su punto de vista.

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Le echan el #OjoALaJunta

Ninguno de los integrantes nombrados hace ya un mes a la Junta de Control Fiscal ha concedido entrevistas a los medios de comunicación. Se reunirán este viernes en el antiguo Edificio de Aduanas de los Estados Unidos en Nueva York en una “audiencia pública”, fuera del alcance de los puertorriqueños que tendrán que acatar sus decisiones. Después de las reiteradas críticas por falta de información hechas al gobierno de Puerto Rico por parte de funcionarios federales y congresistas, resulta una gran ironía que el remedio para la crisis fiscal termine siendo un nuevo organismo impuesto, financiado con fondos públicos, que es inaccesible y tiene problemas de transparencia. La sección 109 de la Ley PROMESA, que crea la Junta de Control Fiscal, establece que los integrantes de la junta deben completar un formulario sobre los conflictos de interés, incluyendo la divulgación de su información financiera, elaborado por la Oficina de Etica federal, el cual ya deberían haber sometido. “¿A quién se lo sometieron?

Fachada del Tribunal Federal en Puerto Rico

Vista federal con bonistas en medio del apagón

Aunque la tensión entre los bandos era obvia y el país recién despertaba con un apagón monumental, la mañana del primer día de vistas comenzó relajada, con el juez federal Besosa enumerando en tono burlón las relaciones potencialmente conflictivas que tiene con algunos de los abogados que representan a la parte demandante; como el bufete Adsuar, Muñiz, Goyco, Seda & Pérez-Ochoa, del que Besosa fue socio fundador y que representan en este caso a la aseguradora de bonos National Public Finance Corporation. En son de broma, desde lo alto del estrado, el juez Besosa preguntó a los abogados de esa firma si en verdad pensaban ganar el caso cuando Pérez-Ochoa le había quitado su puesto en ese bufete.

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275 firmas de inversión se lanzaron sobre la deuda chatarra de Puerto Rico

No les importó que las tres principales casas acreditadoras habían calificado los bonos como chatarra o que muchos economistas y analistas financieros predecían, desde años antes, que Puerto Rico iba camino al precipicio económico y fiscal. En conjunto, las empresas ordenaron más de $16 mil millones de la oferta que solo constaba de $3.5 mil millones, y que se vendió a 93 centavos el dólar, con intereses de 8.73%. Unas firmas lograron comprar $120 millones en bonos mientras otras que hicieron sus órdenes se quedaron sin nada.