Poco se ha discutido sobre qué ocurrirá con la entrada de la empresa LUMA Energy a la administración del servicio esencial de la energía eléctrica. ¿Se publicarán los contratos que esta haga? ¿Las reuniones y minutas en las que participe LUMA, serán públicas? ¿Sabremos en qué y cómo se utiliza el dinero público? ¿A quién va a llamar la prensa en momentos de emergencia para que dé cuenta de la situación y cómo se está atendiendo?
During the past years, Puerto Rico has been witnessing a mise en scene in which the Fiscal Control Board says, “We have to cut here” and the government tells the press “I am not going to cut anything.” The net result is that many of the cuts have indeed been made, seen and felt. As when there was a lack of resources in the Institute of Forensic Sciences to process “rape kits,” or when funds were cut from the Women’s Ombudsman Office. There are also less visible cuts that take their toll, as when agency employees have retired and are not replaced to “save money,” and the ones left behind are unprepared and have no references on processes and public services. Several economists have questioned the lack of transparency in the methodology used by the government as well as the Board to draft the economic projections, fiscal plans and budgets. The projections are barely met, the fiscal plans are a fictional exercise that fills the pockets of fancy consultants in the United States. And after fighting to approve budgets, all kinds of reallocations are made, and sometimes, money miraculously appears out of nowhere when there is a crisis that arouses passions in public opinion.
El país ha estado asistiendo durante los pasados años a una puesta en escena en la cual la Junta de Control Fiscal dice “hay que cortar por aquí” y el Gobierno le dice a la prensa “no voy a cortar”. El resultado neto es que muchos de los recortes en efecto se han dado, se ven y se sienten. Como cuando faltan recursos en el Instituto de Ciencias Forenses para procesar “rape kits”, o cuando se recortaron fondos a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. También hay recortes menos visibles que pasan factura, como cuando los empleados de una agencia se van retirando y no los reemplazan para “ahorrar”, quedándose personas sin preparación y sin referencias sobre los procesos y los servicios públicos. No son pocos los economistas que han cuestionado la poca transparencia en la metodología usada tanto por el Gobierno como por la Junta para elaborar las proyecciones económicas, los planes fiscales y los presupuestos.
Recently and increasingly, I’ve heard in the media, and from government officials phrases like, “data is data,” and, “the objective data is….” Those who say those phrases do so as if they were revealing true arguments, as if saying those words meant that they have an absolute and true notion about any problem. As if they meant “this is the only reality,” grabbing the truth by the horns. End of discussion. I hear these phrases and I worry that those who say them not only don’t understand the definition of the word “data,” but also ignore the history and practices of the social and natural sciences that have brought journalism closer to methodology, precision and detail, which is why data journalism has been practiced for decades. Let’s start by defining the term.
En tiempos recientes, y cada vez más, he escuchado en medios de comunicación y de la boca de funcionarios las frases: “los datos son los datos” y “el dato objetivo es…”. Quienes pronuncian estas frases lo hacen como si fueran argumentos reveladores, como si decirlas les diera noción absoluta y verdadera sobre cualquier problema. Como si dijeran “esta es la única realidad” para agarrar la verdad por el mango y acabar la discusión. Escucho estas frases y me preocupa que quienes las enuncian no sólo no entienden la definición de la palabra dato, sino que también ignoran la historia y las prácticas de las ciencias — sociales y naturales — que han acercado el periodismo a la metodología, la precisión y el detalle, razón por la que hace décadas se practica el periodismo de datos. Empecemos por definir el término.
The Puerto Rico House of Representatives’ Government Commission is investigating the result of the implementation of Acts 122, “Open Data Act,” and 141 of 2019, “Transparency and Expedited Procedure for Access to Public Information Act.”
The Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) was invited to the public hearing held last Tuesday and we testified to expose some of the problems of access to information that journalists specifically face when we ask for public information, before and after the approval of these laws. Long story short: Acts 122 and 141 of 2019 should never have been approved. Without public hearings, without accepting the multiple amendments submitted by the groups that continuously request public information, and signed in an act of contempt, and we could say revenge, the day before Gov. Ricardo Rosselló left La Fortaleza. They haven’t been of much use. Access to information today is no better than before.
La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes investiga el resultado de la implantación de las leyes 122 de 2019, “Ley de Datos Abiertos”, y la 141 de 2019, “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”. El Centro de Periodismo Investigativo fue invitado a la vista pública este martes y participamos para exponer algunos de los problemas de acceso a la información que concretamente enfrentamos los periodistas cuando pedimos información pública, antes y después de la aprobación de estas leyes. Les adelanto la conclusión, para los que tengan poco tiempo: las leyes 122 y 141 de 2019 nunca debieron aprobarse. Sin vistas públicas, sin acoger las múltiples enmiendas sometidas por los grupos que solicitan continuamente información pública, y firmadas en un acto de menosprecio, y podríamos decir venganza, el día antes de que Ricardo Rosselló saliera de La Fortaleza. No han servido de mucho.
La pandemia por el coronavirus nos ha marcado trayendo consigo una nueva realidad social acompañada de grandes retos de salud pública y repercusiones económicas globales. Mientras para el resto de la humanidad la batalla se centra en contener la pandemia con la vacuna como un primer escalón para regresar a una “nueva normalidad”, en Puerto Rico representa, además, el más reciente reto a nuestra resistencia social que ha sido puesta a prueba en los pasados años en que hemos enfrentado desastres naturales y otros provocados por el Gobierno. Cumplido un año desde que se declarara un cierre total por el coronavirus no me quedan dudas de que, el denominador común que ha agravado la respuesta pública a la pandemia es la cultura de opacidad y la falta de transparencia de los responsables de tomar las decisiones de política pública para atender cada una de estas situaciones. Es como si el Gobierno no hubiera aprendido. La palabra transparencia se ha convertido en una moda entre los funcionarios.
