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What’s in data?

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Recently and increasingly, I’ve heard in the media, and from government officials phrases like, “data is data,” and, “the objective data is….” Those who say those phrases do so as if they were revealing true arguments, as if saying those words meant that they have an absolute and true notion about any problem. As if they meant “this is the only reality,” grabbing the truth by the horns. End of discussion. I hear these phrases and I worry that those who say them not only don’t understand the definition of the word “data,” but also ignore the history and practices of the social and natural sciences that have brought journalism closer to methodology, precision and detail, which is why data journalism has been practiced for decades. Let’s start by defining the term.

Opinión

¿Qué hay en un dato?

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En tiempos recientes, y cada vez más, he escuchado en medios de comunicación y de la boca de funcionarios las frases: “los datos son los datos” y “el dato objetivo es…”. Quienes pronuncian estas frases lo hacen como si fueran argumentos reveladores, como si decirlas les diera noción absoluta y verdadera sobre cualquier problema. Como si dijeran “esta es la única realidad” para agarrar la verdad por el mango y acabar la discusión. Escucho estas frases y me preocupa que quienes las enuncian no sólo no entienden la definición de la palabra dato, sino que también ignoran la historia y las prácticas de las ciencias — sociales y naturales — que han acercado el periodismo a la metodología, la precisión y el detalle, razón por la que hace décadas se practica el periodismo de datos. Empecemos por definir el término.

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Current Transparency and Open Data Laws in Puerto Rico Should Have Never Been Approved

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The Puerto Rico House of Representatives’ Government Commission is investigating the result of the implementation of Acts 122, “Open Data Act,” and 141 of 2019, “Transparency and Expedited Procedure for Access to Public Information Act.”

The Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) was invited to the public hearing held last Tuesday and we testified to expose some of the problems of access to information that journalists specifically face when we ask for public information, before and after the approval of these laws. Long story short: Acts 122 and 141 of 2019 should never have been approved. Without public hearings, without accepting the multiple amendments submitted by the groups that continuously request public information, and signed in an act of contempt, and we could say revenge, the day before Gov. Ricardo Rosselló left La Fortaleza. They haven’t been of much use. Access to information today is no better than before.

Opinión

Las leyes de transparencia y datos abiertos nunca debieron aprobarse

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La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes investiga el resultado de la implantación de las leyes 122 de 2019, “Ley de Datos Abiertos”, y la 141 de 2019, “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”. El Centro de Periodismo Investigativo fue invitado a la vista pública este martes y participamos para exponer algunos de los problemas de acceso a la información que concretamente enfrentamos los periodistas cuando pedimos información pública, antes y después de la aprobación de estas leyes. Les adelanto la conclusión, para los que tengan poco tiempo: las leyes 122 y 141 de 2019 nunca debieron aprobarse. Sin vistas públicas, sin acoger las múltiples enmiendas sometidas por los grupos que solicitan continuamente información pública, y firmadas en un acto de menosprecio, y podríamos decir venganza, el día antes de que Ricardo Rosselló saliera de La Fortaleza. No han servido de mucho.

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La peregrinación por la transparencia durante el año de la pandemia

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La pandemia por el coronavirus nos ha marcado trayendo consigo una nueva realidad social acompañada de grandes retos de salud pública y repercusiones económicas globales. Mientras para el resto de la humanidad la batalla se centra en contener la pandemia con la vacuna como un primer escalón para regresar a una “nueva normalidad”, en Puerto Rico representa, además, el más reciente reto a nuestra resistencia social que ha sido puesta a prueba en los pasados años en que hemos enfrentado desastres naturales y otros provocados por el Gobierno. Cumplido un año desde que se declarara un cierre total por el coronavirus no me quedan dudas de que, el denominador común que ha agravado la respuesta pública a la pandemia es la cultura de opacidad y la falta de transparencia de los responsables de tomar las decisiones de política pública para atender cada una de estas situaciones. Es como si el Gobierno no hubiera aprendido. La palabra transparencia se ha convertido en una moda entre los funcionarios.

Opinión

Alianzas, sí o sí

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Hace años que observo una transformación social y política en Puerto Rico. El histórico resultado electoral de esta última jornada no debió tomar por sorpresa a nadie debido al cada vez más evidente hastío de la ciudadanía con décadas de ciclos electorales de lealtad a los, hasta ahora, dos partidos principales sin que se hayan logrado cambios de peso en política pública, adecentamiento en la gestión pública ni transparencia en los procesos de gobernanza. 

No ha disminuido la pobreza en el país, el deterioro de la infraestructura pública es cada vez más notable, los servicios públicos menguados, la falta de oportunidades y de trabajo, la corrupción, la ausencia de iniciativas de desarrollo económico local de peso que impulsen al país en una nueva dirección. Ninguno de los partidos que han tenido el turno al bate han logrado atender estos problemas estructurales. De ahí sale la diversidad que surge en la nueva Asamblea Legislativa, con decenas de caras nuevas que hacen evidente el cambio de liderato  desde el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Proyecto Dignidad (PD), tras lograr en conjunto el voto del 35.14% del electorado. Resulta que no solamente han roto el paradigma político tradicional en Puerto Rico, sino que son un punto de no regreso para que el nuevo gobierno venga obligado a administrar desde el consenso para poder ser funcional.

Opinión

Carpeteo y criminalización de la protesta, legado de Wanda Vázquez Garced

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Fui una de las 3,000 personas de las cuales el Departamento de Justicia de Puerto Rico obtuvo información sobre la cuenta y código como usuario de la red social Facebook. Este monitoreo cibernético, que ocurrió en el contexto de la huelga estudiantil de la Universidad de Puerto Rico en 2017, así como las movilizaciones del 1ero de mayo de ese año, entre otras protestas, deja ver cuán lejos está dispuesto a llegar el Gobierno en aras de disuadir las manifestaciones  y reprimir el derecho a la expresión. Al momento de realizarse la solicitud a Facebook de esta información privada de ciudadanos, la secretaria de Justicia era Wanda Vázquez Garced, la actual gobernadora de Puerto Rico. Su gestión en este sentido deja un legado nefasto por haber no solo permitido, sino justificado y mantenido por casi tres años un proceso de criminalización de la protesta mediante el monitoreo selectivo en redes sociales cibernéticas del “comportamiento” de algunos activistas políticos. En octubre del pasado año, la extitular de Justicia defendió públicamente la gestión de interferir con cuentas de medios de prensa estudiantiles al alegar que no se trata de un procedimiento arbitrario, sino de un proceso para esclarecer delitos. 

El hecho de haber recopilado, sin su consentimiento, información de alrededor de 3,000 cuentas de personas que participaron de algún tipo de actividad cibernética relacionada a eventos de la huelga de la UPR en el 2017 nos recuerda las nefastas prácticas de carpeteo político que los gobiernos de Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló realizaron en los años 70 con el apoyo de estructuras como el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).