La administración Rosselló maneja de forma arbitraria los datos de las muertes tras María

El gobierno miente y lo sabe. El manejo irregular de los datos de los fallecidos tras el paso del huracán María persigue a la administración de Ricardo Rosselló. La magnitud del problema ha aumentado en el ojo público internacional como una bola de nieve, a consecuencia de la falta de transparencia deliberada que, en el caso de los muertos, inició a solo días del fenómeno atmosférico. Tomó meses de cobertura noticiosa, tres demandas, análisis de múltiples expertos, un estudio de la Universidad de Harvard y que el gobernador Ricardo Rosselló fuera confrontado en la cadena de televisión estadounidense CNN sobre la falta de acceso a los datos de las muertes luego del huracán, para que el Registro Demográfico hiciera públicas unas tablas con las cifras globales de los decesos por mes hasta mayo de 2018. Esta información se queda corta ante el reclamo que desde el año pasado viene haciendo el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para conocer todos los datos en poder del gobierno sobre los fallecimientos ocurridos en Puerto Rico y sus causas.

Victoria del derecho a saber ante la Junta de Control Fiscal

Las veces que la Junta de Control Fiscal (JCF) ha intentado que los tribunales apoyen su visión de que la ley PROMESA que la creó le dotó de poderes expansivos, ha chocado con paredes judiciales. El más reciente freno puesto por un tribunal es bien significativo porque salió ganando el derecho que tienen los ciudadanos bajo la Constitución de Puerto Rico de fiscalizar a su gobierno y exigir la rendición de cuentas, incluyendo a la JCF. La victoria judicial se registró en un caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Junta que estaba pendiente ante el juez federal Jay A. García Gregory, quien a fines de la semana pasada emitió una orden a favor del CPI para que la Junta entregue una serie de documentos. Durante casi un año, en el que ya la Junta había sido derrotada en su pretensión de que la solicitud fuera considerada dentro del caso de quiebras del Gobierno de Puerto Rico, el CPI ha estado luchando judicialmente para obtener acceso a nueve distintos informes que se supone sean sometidos con regularidad semanal, mensual o trimestral por el gobierno a la Junta. Además, se solicitan documentos, informes, cartas, correos electrónicos y cualquier otra información o material intercambiado entre el Gobierno y sus agencias, y la Junta y también entre el gobierno federal y la Junta.

“¿Por qué no entran a las otras calles?”

No hay que analizar mucho la estampa para saber por qué, para aquellos que “vienen de lejos”, no había mejor lugar—o calle—para realizar el evento oficial que la Calle Chemo Soto de Villa Hugo II. Quién sabe desde cuándo los escombros permean en la comunidad que surgió hace casi 30 años en terrenos públicos, cuando sus residentes perdieron sus casas tras el paso del huracán Hugo. La mayoría de estas personas aún carecen de títulos de propiedad.

Rosselló considera poner un impuesto al sol

En los días desesperados en los que no había electricidad en su casa, la profesora Mary Axtmann publicó un mensaje en Facebook que va al corazón del drama entre los que no tienen luz tras el huracán María. “Estos cuatro meses han sido una experiencia de desapoderamiento. Estar sin electricidad es un impedimento como tener una mano atada en la espalda o un ojo cubierto”, escribió. Se sentía obsesionada con la noción de que la palabra “power” en inglés nombra la electricidad y a la vez el poder. Cuando le preguntaban si le había llegado la luz, ella sabía que además de faltarle electricidad, a los puertorriqueños les faltaba poder.

La falta de acceso a la información cuesta vidas

Resulta inaceptable que los ciudadanos tengan que acudir a los tribunales a reclamar información generada con fondos públicos. Pero más inaudito es que la agencia a cargo de mejorar la salud sea el principal obstáculo para la salud pública. Ya sea por irresponsabilidad o por ocultar la mala gestión gubernamental, la limitación de información disminuye las oportunidades de las personas de estar saludables.

Paradise Performs: el gobierno proyecta a Puerto Rico como paraíso para la contratación después del huracán María

Doug Mayorga se pasó toda la mañana subiendo y bajando de la tarima, entrando y saliendo del salón. Parecía el animador de un programa de televisión donde el público podría ganarse un gran premio. Pero este evento no se transmite por ningún canal. Es exclusivo y tiene lugar en un salón del segundo piso del hotel Vanderbilt en Condado. La actividad se llama Rebuild Puerto Rico: The Economic Summit.

Junta de Control Fiscal quiere licencia para no rendir cuentas

A la vez que públicamente pone en marcha una estrategia para afianzar su control sobre la gerencia del Gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal (JCF) está pidiendo a un juez federal que le exima de tener que rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico con argumentos extremadamente peligrosos para la transparencia. La lucha porque la Junta sea un ente al que le apliquen los mínimos parámetros de rendición de cuentas la está librando el equipo legal del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana -licenciados Judith Berkan, Steven Lausell, Luis José Torres y Annette Martínez- tanto en un caso ante el Tribunal de Primera Instancia como en otro ante el juez federal Jay A. García Gregory. Además, el prestigioso Reporter’s Committee for Freedom of the Press (RCFP) entró como amigo de la corte en el caso federal que es el que expondremos en este escrito. La controversia, en términos fundamentales, es la siguiente: ¿cuál estándar legal de transparencia y rendición de cuentas se le va a aplicar a la Junta? Las posturas expresadas desde la óptica del CPI resaltan que a la JCF le aplica el derecho de acceso a la información de rango constitucional que se puede aplicar a cualquier otra dependencia del gobierno de Puerto Rico porque la Ley PROMESA crea a la Junta como un ente del “gobierno territorial”, no del gobierno federal.