Victoria del derecho a saber ante la Junta de Control Fiscal

Las veces que la Junta de Control Fiscal (JCF) ha intentado que los tribunales apoyen su visión de que la ley PROMESA que la creó le dotó de poderes expansivos, ha chocado con paredes judiciales. El más reciente freno puesto por un tribunal es bien significativo porque salió ganando el derecho que tienen los ciudadanos bajo la Constitución de Puerto Rico de fiscalizar a su gobierno y exigir la rendición de cuentas, incluyendo a la JCF. La victoria judicial se registró en un caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Junta que estaba pendiente ante el juez federal Jay A. García Gregory, quien a fines de la semana pasada emitió una orden a favor del CPI para que la Junta entregue una serie de documentos. Durante casi un año, en el que ya la Junta había sido derrotada en su pretensión de que la solicitud fuera considerada dentro del caso de quiebras del Gobierno de Puerto Rico, el CPI ha estado luchando judicialmente para obtener acceso a nueve distintos informes que se supone sean sometidos con regularidad semanal, mensual o trimestral por el gobierno a la Junta. Además, se solicitan documentos, informes, cartas, correos electrónicos y cualquier otra información o material intercambiado entre el Gobierno y sus agencias, y la Junta y también entre el gobierno federal y la Junta.

Paradise Performs: el gobierno proyecta a Puerto Rico como paraíso para la contratación después del huracán María

Doug Mayorga se pasó toda la mañana subiendo y bajando de la tarima, entrando y saliendo del salón. Parecía el animador de un programa de televisión donde el público podría ganarse un gran premio. Pero este evento no se transmite por ningún canal. Es exclusivo y tiene lugar en un salón del segundo piso del hotel Vanderbilt en Condado. La actividad se llama Rebuild Puerto Rico: The Economic Summit.

Junta de Control Fiscal quiere licencia para no rendir cuentas

A la vez que públicamente pone en marcha una estrategia para afianzar su control sobre la gerencia del Gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal (JCF) está pidiendo a un juez federal que le exima de tener que rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico con argumentos extremadamente peligrosos para la transparencia. La lucha porque la Junta sea un ente al que le apliquen los mínimos parámetros de rendición de cuentas la está librando el equipo legal del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana -licenciados Judith Berkan, Steven Lausell, Luis José Torres y Annette Martínez- tanto en un caso ante el Tribunal de Primera Instancia como en otro ante el juez federal Jay A. García Gregory. Además, el prestigioso Reporter’s Committee for Freedom of the Press (RCFP) entró como amigo de la corte en el caso federal que es el que expondremos en este escrito. La controversia, en términos fundamentales, es la siguiente: ¿cuál estándar legal de transparencia y rendición de cuentas se le va a aplicar a la Junta? Las posturas expresadas desde la óptica del CPI resaltan que a la JCF le aplica el derecho de acceso a la información de rango constitucional que se puede aplicar a cualquier otra dependencia del gobierno de Puerto Rico porque la Ley PROMESA crea a la Junta como un ente del “gobierno territorial”, no del gobierno federal.

El escupitajo de Trump a Puerto Rico

Era anticipable que sería un circo. Y así fue. Estaba a cinco minutos de Loíza y a diez de Barrio Obrero, sectores que fueron ampliamente afectados por María, pero lo llevaron a Guaynabo, el municipio con el ingreso per cápita más alto de todo Puerto Rico. En Guaynabo, no lo pasearon por los barrios Los Filtros, o Vietnam, o Juan Domingo. Lo llevaron a una iglesia en la urbanización Muñoz Rivera, lugar escogido por la Casa Blanca, aclaró en Twitter la Secretaria de Prensa del gobernador Ricardo Rosselló.

La naturaleza causó la crisis más reciente en Puerto Rico, pero la política la empeora

CIDRA, Puerto Rico

A dondequiera que miras, se ve la devastación que dejó el Huracán María. La gente está muriendo por la respuesta lenta a esta emergencia. Esta nueva crisis podría ser la definitiva para Puerto Rico, que ya ha tenido unas cuantas. Y mientras esta fue causada por eventos naturales, las decisiones políticas la están empeorando. Más de una semana después de que el huracán de Categoría 4 y sus vientos de 155 mph azotaran a Puerto Rico el 20 de septiembre, el jueves pude salir por fin del campo donde vivo para ir a San Juan, en busca de noticias sobre mis compañeros de trabajo y mis familiares.

A mis abuelos se le fue la casa

“Ese tornado que vino al final fue el que me llevó mi casita”, murmullaba mi abuela mientras barría frente a la casa las ramas y hojas que dejó el Huracán María.  Estaba en trance. La casa de mis abuelos era lo más que me preocupaba durante el huracán que destrozó todo a nuestro alrededor. Había resistido Hugo y Georges sin rasguños, pero esta vez, estaba claro que era imposible que sobreviviera. El temor de saberlos sin su casa, a sus 90 años, me llenaba de ansiedad y desesperación.