Supremo federal no debe creer el drama que inventa la Junta para burlar la transparencia

El caso mediante el cual el Centro de Periodismo Investigativo ha logrado establecer la obligación que tiene la Junta de Control Fiscal de someterse al derecho de acceso a la información presenta múltiples encerronas legales. Por eso, el Tribunal Supremo federal debe rechazar la solicitud que le hizo la Junta para que entren en la controversia.

El determinismo como excusa para la negligencia gubernamental

A pesar de las experiencias en torno a los aspectos que deben mejorarse para proteger vidas, la infraestructura y garantizar los servicios esenciales durante una emergencia, el Gobierno de Puerto Rico insiste en un discurso determinista que describe los desastres como inevitables, para así justificar su inacción en los renglones de preparación y respuesta. 

Si bien es cierto que, por la ubicación y climatología, las islas de Puerto Rico son propensas al impacto de huracanes, también hay que aceptar que la pérdida de vidas, la ausencia de electricidad por meses, el colapso de puentes de décadas de existencia y la inaccesibilidad a servicios de salud no necesariamente son inevitables. Son parte de desastres políticos que evidencian las fallas de una administración pública en la cual el mantenimiento a la infraestructura crítica, la garantía de un techo digno y el derecho a la salud dejaron de ser prioridades. Para el profesor de historia de la Universidad de Yale, Stuart Schwartz, el uso del término “natural” para describir al huracán María falla en reconocer que la falta de preparación gubernamental, la infraestructura débil y la situación fiscal precaria vigente son en gran medida responsables de lo ocurrido en Puerto Rico tras el azote del ciclón. 

“No son las tormentas en sí las que matan a estas personas. Es lo que hicimos o no hicimos antes y después lo que fue responsable. Preparación, política y voluntad es lo que se necesita para enfrentar estos desastres ‘naturales’.

Cuidado con la mirada legalista 

Me ha llamado la atención cómo un puñado de abogados y contadores públicos autorizados en Puerto Rico han intentado minimizar los hallazgos y denuncias que se hacen en la investigación internacional Pandora Papers, que expone cómo el sistema financiero de paraísos fiscales beneficia a los más ricos y poderosos del mundo. Es legal, dicen. No es casualidad que en los paraísos fiscales proliferen las empresas offshore, las compañías fantasma o de papel, y los fideicomisos. Pueden servir a fines legítimos, pero también se ha demostrado cómo son usadas para mover o esconder el capital – a veces mal habido – de dictadores, traficantes de armas o drogas, o grandes y conocidas marcas como Nike y Apple. Algunas de estas empresas pueden ser legales, en apariencia.

LUMA no quiere que se le fiscalice

La obstinada posición de LUMA Energy, LLC. ante el reclamo público y legislativo de que revele información sobre sus operaciones sufragadas en su totalidad con dinero público, no le deja otro camino al gobernador Pedro Pierluisi que exigirle a los directivos de la empresa que abran sus libros. Parece inverosímil que, durante meses, el presidente de LUMA, Wayne Stensby, haya utilizado todas las estrategias legales para retrasar el proceso y evitar hacer pública información sin que a nadie del Gobierno de Puerto Rico le importe. No es pedirla, es exigirla. ¿Manda el Gobierno o el que manda es LUMA? 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puesto en aprietos a LUMA Energy, LLC., al denegar por segunda ocasión una solicitud de reconsideración de la empresa para no entregar información sobre sus trabajadores, ejecutivos y sus salarios, entre otros datos solicitados por la Cámara de Representantes.

At the table, from a place of distrust

Journalists, because of their training, are a distrusting people. And, based on our experience, we especially distrust politicians and structures of power. No exceptions. It’s in our nature. Despite this, last week I spent three days at the Capitol Building, summoned by Reps.