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Rosselló se aferra al secretismo del mantengo corporativo en tiempos de bancarrota

El Gobierno de Puerto Rico cierra el año 2018 como defensor de la desprestigiada práctica de regalar y mantener ocultos los privilegios fiscales. La organización Espacios Abiertos (EA), que promueve la transparencia gubernamental, tuvo que demandar al Gobierno para que este publique un informe con la cantidad de impuestos que le reduce al sector empresarial. La respuesta de la administración de Ricardo Rosselló, que llegó a Fortaleza con una promesa de gobierno transparente, fue indicar que no podía publicar el informe porque contiene información confidencial. Pero EA no está pidiendo detalles como números de seguro social patronal ni información de las planillas de los receptores de estos beneficios contributivos. Lo que solicita es un tax abatement report, que es un informe que detalla cuáles fueron esas reducciones de impuestos, a cuánto ascienden, con qué objetivos fueron otorgadas, qué compromisos contrajeron quienes las recibieron y si en realidad devolvieron a cambio un desarrollo económico.

“De los 33 municipios que recibirán servicios de repavimentación de carreteras y obras públicas anunciadas por el gobernador, 30 son comandados por alcaldes del Partido Nuevo Progresista”.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, ha denunciado en varias ocasiones un patrón de discrimen del Gobierno Central de Puerto Rico en el reembolso de fondos de recuperación tras el huracán María contra los municipios dirigidos por alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático. La Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (OCRRR) está encargada de manejar y desembolsar estos fondos a los municipios que cumplan con los parámetros impuestos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Los fondos asignados por el Congreso de Estados Unidos al gobierno colonial para la recuperación de los municipios suman aproximadamente unos $432.4 millones. Estos se dividen en categorías que cada municipio puede solicitar para tener acceso a una cantidad tope asignada de acuerdo a los daños sufridos tras el huracán. Entre las categorías de asistencia pública de FEMA se encuentran: el recogido de escombros, reconstrucción de parques o áreas recreativas, gastos para mitigar la emergencia y gastos administrativos directos, entre otras.

El cinturón de seguridad de la Junta de Control Fiscal

En total la Junta ha gastado $75,454 en seguridad privada o federal para sus encuentros públicos desde que comenzó funciones, aunque la Policía de Puerto Rico no ha ofrecido la información sobre los costos del operativo policial local para cada reunión de la entidad. Entre julio de 2017 y abril de 2018, los agentes de la Policía de Puerto Rico asignados a la protección personal de Carrión reclamaron 4,540 horas, por las que se desembolsaron $125,397.

Más de mil puertorriqueños huyeron del caótico sistema de salud tras el huracán María

El gobierno de Puerto Rico coordinó el recibimiento y atención médica de cientos de pacientes de las islas vecinas tras el huracán Irma. A su vez, no colaboró con el traslado ni tiene un registro de los boricuas con enfermedades crónicas que quedaron desprovistos de servicios y tuvieron que irse de la Isla durante los meses que siguieron al huracán María. Tampoco solicitó al Departamento de Salud federal el traslado de pacientes a hospitales en Estados Unidos, a pesar de que existe un sistema llamado National Disaster Medical System (NDMS), que cuenta con un acuerdo con mil hospitales para recibir pacientes de zonas de desastre en los 50 estados y territorios. Mientras tanto, el sistema de salud en Puerto Rico seguía en precariedad, muriendo cerca 3,000 personas en los primeros cinco meses de la emergencia, la mayoría de ellos por problemas con servicios médicos y de salud. En cambio, el gobierno de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, impactadas tanto por Irma como María, sí solicitó ayuda del gobierno federal para el traslado de pacientes, sobre todo los de diálisis, según información ofrecida por la agencia federal.

Senadores republicanos promovieron “en voz baja” la privatización de la AEE

Los senadores republicanos Jeff Flake, de Arizona, y Mike Lee, de Utah, querían mantener en secreto su interés de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una corporación pública del Gobierno de Puerto Rico. Casi un mes después de que el huracán María destruyera el sistema energético del país, un representante de Flake comenzó a enviar correos electrónicos a Andrew Biggs, un conservador experto en planes de retiro e integrante de la Junta de Control Fiscal (JCF), la entidad nombrada por el Gobierno federal para asegurarse de que Puerto Rico pague su deuda pública. “Las oficinas de Flake y Lee han estado impulsando en voz baja la idea de legislación para la privatización de la AEE por la cual los miembros de la JCF han abogado”, escribió Chuck Podolak, entonces asesor del senador Flake, al buzón de Biggs. “Somos novatos en el juego de la AEE y queremos saber si nos pueden dar unos minutos al teléfono para tener trasfondo acerca de qué se ha pensado para hacer esto [la privatización]”, continuaba Podolak. Estas comunicaciones con miembros de la JCF no sólo revelan la intención de ambos senadores de mover los hilos de la privatización de forma encubierta desde el teatro de poder federal, sino que demuestran la profundidad de la subordinación política del territorio puertorriqueño ante EE UU.

Los documentos que la Junta quiere ocultar

La Junta de Control Fiscal de Puerto Rico rehusó entregar un sinnúmero de comunicaciones entre la entidad y oficiales del Congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca, el Tesoro y otras agencias del Gobierno federal, alegando que son documentos confidenciales, como parte de un pleito de acceso a la información que lleva el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) hace un año y medio. En una carta de dos páginas, con fecha del 21 de noviembre y dirigida a la representación legal del CPI, los abogados de la Junta argumentan que la divulgación de ciertos correos y documentos anejos afectaría la economía de la isla, los mercados de capital, investigaciones criminales en curso y “la habilidad de la Junta de ejercer sus poderes estatutarios”. La entidad impuesta mediante la ley PROMESA por el Gobierno de Estados Unidos solamente menciona a grandes rasgos sus justificaciones y provee descripciones generales sobre los documentos retenidos, cuya cantidad es desconocida. Tampoco nombra las personas que forman parte de las comunicaciones que permanecen fuera del dominio público. La demanda que el CPI lleva en contra de la entidad va dirigida a obtener acceso a las comunicaciones entre el ente rector, el Gobierno federal y el Gobierno de Puerto Rico.

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Salsa, trova y rap en concierto a beneficio del CPI en La Respuesta

Este sábado, 24 de noviembre, habrá un concierto a beneficio del Centro de Periodismo Investigativo en La Respuesta en Santurce con Mima, Luis Díaz y Jerry Medina y la banda, con Medina Carrión, como parte de una campaña anual de recaudación de fondos mediante la cual cada donativo se duplica. El concierto inicia a las 9pm y se sugiere un donativo de $20.00 para apoyar el trabajo de investigación, educación y litigación en los tribunales por el acceso a la información que hace el CPI. El CPI logró una oportunidad de pareo de donativos mediante NewsMatch, una campaña diseñada para apoyar a medios sin fines de lucro y dedicados a la investigación en Estados Unidos y Puerto Rico. Esto quiere decir que hasta el 31 de diciembre, el CPI recibirá un dólar adicional por cada dólar que le aporten sus lectores. Los artistas en tarima:
Yarimir Cabán, MIMA, ha publicado dos discos: Mima (2005), y El Pozo (2011) y se ha dedicado a múltiples proyectos culturales y a la creación escénica.

CPI inicia campaña para su crecimiento

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) es el único medio en Puerto Rico que ha sido seleccionado para una oportunidad de pareo de donativos mediante NewsMatch, una campaña diseñada para apoyar a medios sin fines de lucro y dedicados a la investigación. Esto quiere decir que desde hoy hasta el 31 de diciembre, el CPI recibirá un dólar adicional por cada dólar que le aporten sus lectores. “El trabajo fiscalizador que hacemos ha tenido un rol definitivo para que la gente conozca cómo se está dando el proceso de recuperación de Puerto Rico. El acceso a la información que defiende el CPI es esencial para que los puertorriqueños aquí en la isla y fuera del país reciban los datos relevantes y confiables, y para que puedan entender sus implicaciones”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva de la organización. Los periodistas de la organización, que conmemora una década de trabajo, han cosechado más de 30 premios otorgados por las principales asociaciones periodísticas del país.

Gobierno confirma que no está listo el plan de manejo de emergencias para todas las agencias

Ante la demanda por acceso a la información incoada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el gobierno admitió hoy que, distinto a lo que ha dicho a la prensa en los pasados cuatro meses, el proceso de actualización del Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos de Puerto Rico no está completado, y que los anejos suplementarios con los planes de emergencia detallados no están listos. “Son documentos que al día de hoy no existen”, reconoció la licenciada del Departamento de Justicia (DJ), Tania Fernández, en representación del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y de su Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD). El gobierno entregó solo una parte de este documento, que es la que está completada. Fernández informó al juez Anthony Cuevas que ni siquiera se ha completado la subasta para la contratación de compañías que confeccionarán estos anejos, por lo que no hay una fecha certera de finalización y entrega de los mismos. Los documentos forman parte de la demanda en contra del DSP, el NMEAD y el Departamento de Salud (DS) tras varios meses de solicitudes para que entregaran los planes de emergencia que estaban vigentes durante el paso del huracán María y los actualizados.

Organización demanda al gobierno de Puerto Rico por mantener secretos los planes de emergencia

San Juan, Puerto Rico – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó este viernes una demanda contra funcionarios del gobierno de Puerto Rico por no hacer públicos los planes de emergencia del gobierno central y del Departamento de Salud. El recurso legal quedó sometido el viernes en la mañana luego de que cuatro periodistas del CPI solicitaran durante los pasados meses, en distintas instancias, el Plan para el Manejo de Emergencias vigente antes del huracán María y el mismo plan revisado luego del huracán, así como el Plan de Respuesta de Salud Pública a Desastres Naturales y Emergencias actual. La demanda está dirigida al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo, y el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado. “Esta administración ha enviado múltiples comunicados de prensa indicando que estos planes de emergencia están listos, sin embargo, se niega a mostrarlos y pretende que creamos por fe que lo están. Nuestro trabajo es fiscalizar”, dijo la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.

Opinión De la libreta del periodista

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Los muertos hablan

El pasado 20 de septiembre, cuando cedieron los vientos de María y salí por el portón de mi casa supe que nada sería igual en Puerto Rico. En ese momento milagrosamente me entró un texto de la colega Frances Robles, del New York Times, dónde me preguntaba cuál era la historia más importante y, aunque aún no entendía bien el nivel de la devastación que había dejado atrás el huracán en menos de 12 horas, alcancé a decirle en ese último suspiro de señal, que no sabía, pero que esto era lo peor que había visto yo en mis 45 años de vida. 48 horas más tarde, ya estaba clara en lo que estaba pasando. La devastación de este huracán era de una magnitud abismalmente distinta a los anteriores en nuestra historia moderna. Como bien saben todos los que están aquí, la isla completa quedó sin electricidad, sin telefonía, sin internet, sin supermercados, sin acceso en las carreteras, sin combustible, y sin medios de comunicación.

Desenfocados los proyectos críticos de Promesa

Construir infraestructura pública para un Puerto Rico en quiebra y rematado por dos huracanes parece una buena idea ante la necesidad de obras urgentes, la falta de empleos y la exigencia de fortalecer la economía. Pero los “proyectos críticos” que se deben aprobar por vía rápida, según lo ordena la ley federal PROMESA, apenas comienzan a ponerse en marcha y generan cuestionamientos. La Junta de Control Fiscal (JCF), el organismo impuesto por el gobierno estadounidense por medio de la Ley PROMESA para mandar sobre las finanzas de Puerto Rico, acaba de aprobar un proyecto crítico que más bien parece uno de esos numerosos parchos con los que el Gobierno resuelve los problemas. Se trata de la expansión del vertedero del municipio de Fajardo, lo que permitirá a nueve ayuntamientos del noreste de la Isla tener un lugar para depositar la basura durante los próximos 20 años. Esa iniciativa da la impresión inicialmente de ser un gran paso, pero sólo compra tiempo ante la crisis generalizada de la basura del País, que no cuenta con un plan inmediato, contundente y abarcador para reducir desperdicios y aumentar el reciclaje.

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Ideas para la cobertura de desastres y emergencias

La cobertura del huracán María resultó para muchos comunicadores una experiencia ardua, compleja y hasta abrumadora. Ante un panorama donde los periodistas carecieron de energía eléctrica, conexión inalámbrica, acceso a medios de comunicación, la gasolina para transportarse en busca de entrevistas y se enfrentaron a la falta de agua y alimentos para sustentarse, como la mayoría de la población, informar pudo parecer en ocasiones una misión casi imposible. Temas como la seguridad personal durante una emergencia, las fuentes para una cobertura de desastres, cómo manejar las fuentes de agencias federales, el escrutinio del proceso de recuperación y el impacto del cambio climático, entre otros se discutieron durante el tercer día de la jornada 365 días de María, organizada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), donde se ofrecieron paneles y talleres prácticos para periodistas y estudiantes de periodismo. “Las historias deben ser más humanas”. Esa es la sugerencia principal del jefe de mesa de la National Public Radio (NPR), Russell Lewis, quien viajó Puerto Rico enviado por el Dart Center for Journalism and Trauma, de la Universidad de Columbia.

Rendición de cuentas durante el desastre

La falta de un protocolo para contabilizar muertes en caso de una catástrofe, la necesidad de que los médicos reciban adiestramiento para llenar los certificados de defunción como corresponde, el que el gobierno no haya implementado el plan de emergencia tras el huracán María fueron algunos de los temas que se destacaron durante el panel sobre rendición de cuentas, que se llevó a cabo durante el evento 365 días de María, organizado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Al evento fueron convocados los funcionarios responsables de las decisiones tomadas tras María, a saber, el gobernador Ricardo Rosselló, el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet, entre otros, pero ninguno de éstos asistió. El senador Henry Neumann participó del panel junto con el exdirector de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), Epifanio Jiménez, y Nancy Vega, exdirectora del Registro Demográfico. Culpan a los médicos
Neumann indicó que ninguna de las universidades que hicieron estudios relacionados a la cantidad de fallecimientos tras el paso del huracán María, incluyendo George Washington University, tiene las herramientas para llegar a un “cálculo responsable” de las muertes, ya que el problema principal estribó en la forma en que los médicos llenaron los certificados de defunción. Neumann, presidente de la comisión de Seguridad Pública, es autor Proyecto del Senado 713, que busca establecer un protocolo científico para contabilizar las muertes tras eventos catastróficos.